Las denuncias de Sebastiana Barráez y las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, aumentaron la controversia sobre la cooperación militar y la presencia de grupos armados en territorio venezolano.
Durante su programa difundido el pasado 13 de mayo de 2026, la periodista venezolana especializada en temas militares, Sebastiana Barráez, denunció la incursión de hombres armados en territorio venezolano y la posterior ejecución de varios ciudadanos en el estado Zulia.
De acuerdo con el relato de Barráez, alrededor de 80 hombres armados ingresaron el 10 de mayo al sector Playa Socorro, municipio Jesús María Semprún, en la región del Catatumbo venezolano. De acuerdo con sus fuentes, los sujetos sometieron a los habitantes de la comunidad y secuestraron a cinco personas, quienes posteriormente habrían sido ejecutadas.
Entre las víctimas identificadas se encuentran el juez de paz de la comunidad, Luis Adolfo Ortiz Guerrero; Melvin Alexis Rincón Rincón; y Lever Alexis Rabelo Jaimes, según denuncias difundidas por la periodista Sebastiana Barráez. Los hechos generan temor entre los habitantes de la región, históricamente afectados por la presencia de grupos armados irregulares, el contrabando y los enfrentamientos derivados del conflicto fronterizo.
En ese contexto, Barráez cuestionó el silencio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), señalando que la institución tiene la obligación constitucional de resguardar la soberanía y garantizar la integridad del territorio venezolano. A su juicio, la ausencia de pronunciamientos oficiales inmediatos refleja una preocupante falta de respuesta frente a la presencia de estructuras armadas que operan libremente en la frontera.
Asimismo, criticó que el gobierno encabezado por la encargada interina Delcy Rodríguez emitió un comunicado oficial tres días después de los hechos, asegurando que la situación había tomado “por sorpresa” a las autoridades venezolanas.
Por otra parte, el presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que los bombardeos realizados contra grupos armados en la zona fronteriza fueron ejecutados en coordinación con el gobierno venezolano. Sus declaraciones incrementaron la controversia en torno al manejo conjunto de la seguridad en la región y al alcance de la cooperación militar entre ambos gobiernos.
Frontera colombo-venezolana: puntos claveA lo largo de los últimos años, informes de Human Rights Watch han anunciado que la frontera entre Venezuela y Colombia se ha convertido en un corredor estratégico para grupos armados irregulares, incluyendo disidencias guerrilleras, estructuras criminales y organizaciones vinculadas al narcotráfico. La débil presencia institucional, la corrupción y la falta de transparencia en las operaciones militares han sido señaladas como factores que favorecen el control territorial de estas organizaciones.
En medio de este panorama, el municipio Jesús María Semprún, ubicado al sur del estado Zulia, es una de las zonas más sensibles debido a su cercanía con el Catatumbo colombiano, región históricamente marcada por el conflicto armado y la actividad de grupos insurgentes. Habitantes de estas comunidades han denunciado reiteradamente situaciones de violencia, extorsión y desplazamiento forzado, mientras aseguran sentirse abandonados por las autoridades.
Del mismo modo, diversas organizaciones no gubernamentales y expertos en seguridad fronteriza sostienen que la opacidad informativa dificulta conocer con precisión lo que ocurre en estas regiones. En muchos casos, son periodistas independientes, activistas y pobladores quienes terminan documentando hechos violentos ante la ausencia de información oficial, como ha ocurrido con las denuncias realizadas por la periodista venezolana especializada en temas militares Sebastiana Barráez.
Mientras las comunidades fronterizas continúan denunciando asesinatos, secuestros y el avance de grupos armados en territorio venezolano, el silencio de las autoridades sigue profundizando la indignación y la desconfianza entre la población. Para muchos habitantes de la región, la ausencia de respuestas inmediatas por parte de la Fuerza Armada y del gobierno venezolano no solo evidencia una grave pérdida de control sobre la frontera, sino también el abandono de comunidades que durante años han vivido bajo amenazas constantes, violencia y miedo.
El caso de Playa Socorro se suma a una larga cadena de episodios que profundizan las dudas sobre la capacidad —o incluso la voluntad— del Estado venezolano para garantizar la soberanía, seguridad y protección a sus ciudadanos. Al mismo tiempo, crecen las interrogantes sobre quién ejerce realmente el control en amplias zonas de la frontera colombo-venezolana, en medio de denuncias sobre la presencia de grupos armados irregulares, presuntas coordinaciones militares y una creciente opacidad oficial que continúa dejando más preguntas que respuestas.
Artículo escrito por Rosangel Mendoza para El Nacional