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Saturday, June 13, 2026
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    Guyana confía en que el fallo de la CIJ cerrará definitivamente el litigio territorial con Venezuela por el Esequibo

    El presidente de Guyana, Irfaan Ali, manifestó este viernes su firme convicción de que la sentencia definitiva que emitirá la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en enero de 2027 pondrá un punto final definitivo a la histórica controversia fronteriza con Venezuela por la región del Esequibo, un territorio rico en recursos naturales que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados.

    “El fallo del Tribunal terminará a la controversia que surgió en 1962, cuando Venezuela cuestionó por primera vez la legalidad del Laudo Arbitral de 1899 y la frontera internacional que este establecía”, aseveró el jefe de Estado guyanés durante una rueda de prensa.

    Las afirmaciones del mandatario se producen apenas una semana después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, compareciera ante la alta corte en La Haya para ratificar la postura de Caracas de continuar con la reivindicación soberana sobre el área en disputa.

    Ali cuestionó la base temporal de los reclamos venezolanos, recordando los acontecimientos previos a la emancipación de su país del Reino Unido el 26 de mayo de 1966.

    “Tras aceptar, respetar y cumplir el laudo y la frontera sin protestar durante 63 años, los argumentos orales presentados plantearon esta protesta tan tardíamente precisamente en el momento en que Guyana se acercaba a su independencia”, argumentó.

    En sintonía con esta postura, la defensa legal de Georgetown sostuvo ante los magistrados que Venezuela carece de antecedentes de propiedad o administración institucional sobre el Esequibo, zona que representa más de las dos terceras partes del mapa geopolítico guyanés.

    Pese a la agudeza del debate judicial, el gobernante guyanés enfatizó que su administración mantendrá los canales diplomáticos abiertos bajo principios de vecindad básicos.

    “Esperamos con paciencia, dignidad y optimismo la sentencia definitiva de la Corte sobre el fondo del asunto. Seguiremos dirigiéndonos a Venezuela con un espíritu de paz, cooperación y amistad, y como iguales soberanos”, subrayó, al tiempo que exigió a las autoridades caraqueñas abstenerse de realizar actos que vulneren o amenacen la integridad territorial de su nación.

    Fricción por el EsequiboSin embargo, el panorama sobre el terreno registra puntos de fricción. Ali informó que las fuerzas de seguridad se mantienen en estado de “alerta” debido al reporte de varios tiroteos en la zona del río Cuyuni, un sector selvático altamente sensible en la frontera común.

    Ante esta situación, y luego de que el gobierno venezolano reiterara que no convalidará ningún dictamen adverso de la CIJ, el mandatario guyanés instruyó a las Fuerzas Armadas a intensificar los patrullajes para neutralizar el tráfico de drogas y preservar el orden interno en las áreas limítrofes.

    El Esequibo es administrado de forma efectiva por Guyana, pero Caracas alega derechos históricos basados ​​en la delimitación de la Capitanía General de Venezuela de la época colonial española.

    La fase actual del conflicto en los tribunales internacionales comenzó formalmente en marzo de 2018, cuando Guyana interpuso una demanda ante la CIJ para ratificar la “validez jurídica y el efecto vinculante” del Laudo de París de 1899, el cual fijó las fronteras actuales.

    Por su parte, el Estado venezolano declaró dicho laudo “nulo e írrito” en 1962, argumentando la existencia de componentes políticas fraudulentas.

    Para fundamentar la competencia de la CIJ, Georgetown apeló al Acuerdo de Ginebra de 1966, suscrito originalmente entre Venezuela y el Reino Unido antes de la independencia guyanesa como el mecanismo idóneo para resolver la disputa.

    El camino judicial quedó despejado en diciembre de 2020, cuando el tribunal internacional dictó que poseía competencias legales para evaluar la validez del laudo decimonónico y, posteriormente, en abril de 2023, al rechazar una objeción preliminar de Caracas, confirmando de manera unánime su potestad para dirimir el fondo de la reclamación territorial.

    Con información de EFE.