El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, alertó este viernes que seis profesionales de la comunicación y trabajadores de la prensa independiente en Venezuela continúan sometiéndose a rigurosos procesos de control judicial y medidas restrictivas, a pesar de que en ninguno de los casos se ha dictado una sentencia firme que los condene por la comisión de delitos.
A través de una declaración difundida en sus plataformas informativas, la junta directiva del gremio enfatizó que los comunicadores permanecen sujetos a prohibiciones de salida del país, regímenes de presentación periódica ante los tribunales y limitaciones para el libre ejercicio de sus funciones.
“Esto no es libertad; es censura”, manifestó el CNP y exigió el cese inmediato de la persecución penal y reclamó la restitución de la libertad plena para todo el personal de prensa.
Reiteró su preocupación por las precarias condiciones institucionales bajo las cuales operan los reporteros en el territorio nacional, advirtiendo sobre el impacto lesivo que estos mecanismos judiciales de amedrentamiento ejercen sobre el derecho constitucional a la libertad de expresión y el libre acceso a la información de los ciudadanos.
Las restricciones y el estado de los casos: Rory Branker: Tras permanecer privado de libertad durante más de una vez meses en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el editor del portal. La Patilla fue excarcelado bajo medidas cautelares a inicios de este año. Tras su salida, Branker interpuso denuncias públicas detallando haber sido objeto de torturas físicas y psicológicas, al tiempo que enfrenta una continua persecución judicial mediante un régimen restrictivo que limita su movilidad y sus actividades profesionales. Carlos Correa: El periodista y director ejecutivo de la organización no gubernamental Espacio Público fue arrestado a principios de 2025 en un procedimiento calificado por activistas como una desaparición forzada temporal. Aunque fue excarcelado días después por un tribunal con competencia en terrorismo, se le impuso un estricto régimen de presentación obligatoria. ONG han desconocido la legalidad de estas medidas cautelares, denunciando que buscan neutralizar su trabajo de monitoreo sobre las violaciones a la libertad de prensa. Carlos Julio Rojas: El periodista y conocido activista comunitario de Caracas se encuentra sujeto a restricciones luego de que los tribunales competentes le negaran formalmente la solicitud de amnistía prevista en la legislación penal reciente. El sistema de justicia ratificó la vigencia de los cargos y las medidas cautelares en su contra, cerrando la vía legal para el sobreseimiento de su causa y prolongando las restricciones a sus derechos civiles. Gabriel González: Periodista y estrecho colaborador del comando de campaña de María Corina Machado permanece bajo medidas de control penal debido a que los tribunales de revisión rechazaron concederle los beneficios contemplados en la Ley de Amnistía. La decisión judicial mantiene congelada su situación jurídica, obligándolo a cumplir con las restricciones impuestas por el Estado durante su procesamiento político. Jonatán Carrillo: Un tribunal de control penal desestimó la solicitud de sobreseimiento definitivo interpuesta por la defensa técnica del estudiante de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. El rechazo a la extinción de la causa obliga al universitario a continuar bajo el yugo de las medidas cautelares sustitutivas de libertad, interfiriendo directamente con su desarrollo académico y sus primeras prácticas informativas. Luis López: El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció de forma pública un severo retraso institucional en la tramitación de los beneficios procesales del periodista. Su equipo de defensa consignó los recaudos para exigir la aplicación de la amnistía correspondiente; Sin embargo, el tribunal de la causa mantiene el expediente paralizado tras acumular más de dos meses sin emitir ningún tipo de respuesta oficial ni pronunciamiento legal.