Al menos dos organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos instalaron este jueves a las autoridades judiciales de Venezuela a iniciar de inmediato una investigación exhaustiva sobre una grave denuncia de abuso sexual, torturas y tratos crueles contra la presa política Yanin Pernía.
El caso tomó notoriedad pública tras las recientes e impactantes declaraciones ofrecidas por una alegada de la víctima a diversos medios de comunicación.
A través de un pronunciamiento oficial en X, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) solicitó formalmente al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo abrir una averiguación de oficio para determinar las responsabilidades penales del caso.
José Miguel Estrada González y Yanin Fabiana Pernía Coronel fueron víctimas de múltiples torturas en el año 2018, cuando los detuvieron y los trasladaron a los calabozos de la Dgcim de Boleíta #Caracas.
Zoraida González Rico, madre de José Miguel y suegra de Yanin, no denunciada… pic.twitter.com/9eqU59ZOBk
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) 21 de mayo de 2026 Con esta petición, el observatorio respondió el requerimiento urgente que había formulado un día antes el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), exigiendo una auditoría judicial inmediata en las dependencias señaladas.
Esto es grave, inhumano y degradante.
Denuncian que la presa política Yanín Pernía fue abusada sexualmente por 30 custodios en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), Los Teques, Venezuela.
Exigimos una investigación urgente y libertad para Yanín. La violencia… pic.twitter.com/2N5c3k3hJH
– PROVEA (@_Provea) 20 de mayo de 2026 De acuerdo con el informe presentado por el OVP, los episodios de violencia física y sexual se perpetraron en el año 2018, momento en el que Pernía fue arrestada de forma conjunta con su pareja sentimental José Miguel Estrada González, quien de igual manera fue objeto de varias sesiones de tortura.
Ambos ciudadanos fueron procesados por los tribunales venezolanos y condenados a la pena máxima de 30 años de prisión tras ser vinculados por los cuerpos de seguridad con el atentado con drones ejecutados contra Nicolás Maduro en agosto de ese mismo año.
La denuncia formal se fundamenta en el testimonio público de Zoraida González Rico, madre de José Miguel y suegra de Yanin, quien detalló las razones del prolongado silencio de la familia. “Zoraida González Rico no denuncia antes por temor. Sin embargo, hoy se ha llenado de valentía para contar que su nuera fue víctima de violencia sexual durante su detención en la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), donde la amarraron en ropa interior y le pasaron las armas por sus partes íntimas”, precisó el observatorio en su reseña del expediente.
A raíz del impacto mediático del testimonio de González Rico, la ONG reportó que una comisión de funcionarios adscritos al Ministerio del Servicio Penitenciario se trasladó hasta el centro de reclusión de Pernía para interrogarla en una comparecencia que se extendió por espacio de cinco horas, tras la cual las autoridades gubernamentales asumieron el compromiso de dar curso a las investigaciones internas.
Yanin Pernía se encuentra recluida actualmente en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) —la principal cárcel de mujeres del país—, ubicada en la localidad mirandina de Los Teques, donde su defensa técnica denuncia que permanece bajo un régimen de aislamiento que le impide recibir visitas familiares o consulares desde mayo de 2025.
Por su parte, su pareja, José Miguel Estrada González, se encuentra purgando la condena de tres décadas en el internado judicial de El Rodeo I.
Con información de EFE.