El Tribunal Supremo de España rechazó este viernes suspender de forma cautelar la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el gobierno, paralización que había sido solicitada por la Comunidad de Madrid, el partido Vox y organizaciones civiles de corte conservadora.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo tomó la decisión tras celebrar cinco vistas en las que escuchó los argumentos del Ejecutivo y de los demandantes. Tras más de tres horas de deliberación, el Alto Tribunal desestimó los recursos de las asociaciones civiles -como la agrupación Hazte Oír- al considerar que no están legitimados para impugnar la medida. En cambio, aunque sí reconoció la legitimación de Vox y del gobierno regional madrileño, rechazó aplicar la suspensión cautelar del real decreto.
Los argumentos jurídicos detallados por el tribunal se darán a conocer en los próximos días cuando se notifiquen los respectivos autos. No obstante, fuentes de Hazte Oír ya adelantaron que recurrirán el fallo debido al “grave riesgo” que, a su juicio, entraría la medida, reseñó Efe.
Cifras del procesoEl real decreto entró en vigor el 16 de abril con el objetivo de regularizar a unos 500.000 extranjeros que demostrarán su residencia en el país antes del 1 de enero. Hasta este jueves, el Ejecutivo español ya había recibido 549.596 solicitudes, de las cuales 91.505 fueron admitidas a trámite, otorgándoles una autorización provisional de residencia y trabajo válida únicamente para el territorio español, no para el resto de Europa.
Descarten cualquier afectacion electoralLos demandantes argumentaron que el decreto contraviene el derecho nacional y europeo, y advirtieron sobre un posible colapso de los servicios públicos, un incremento del gasto y un impacto directo en el censo electoral.
La Abogacía del Estado defendió que el proceso es “especialmente limitado” y busca integrar a personas que ya hacen vida en el país. El Ejecutivo rebatió las críticas asegurando que la medida tendrá efectos positivos a medio y largo plazo en el Producto Interior Bruto (PIB) y descartó cualquier afectación electoral, recordando que el derecho al voto en los cómics generales está estrictamente limitado a los ciudadanos nacionales.
Con información de Efe.