Familiares de presos políticos, activistas y representantes de la sociedad civil marcharon este miércoles en Caracas para exigir la renuncia del ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, y reclamar justicia por las muertes bajo custodia del Estado. Las exigencias cobraron mayor fuerza tras el fallecimiento de Víctor Hugo Quero Navas, caso que terminó quebrando a su madre, Carmen Navas.
“Exigimos la remoción de las autoridades penitenciarias; de este ministro, pero también de todos los funcionarios que dirigen las cárceles de Venezuela donde permanecen los presos políticos y donde otros reclusos también sufren condiciones inhumanas de detención. Exigimos que rindan cuentas ante la justicia y que se hagan cambios estructurales urgentes para que esta situación termine”, expresó Diego Casanova, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
La protesta se realizó en silencio en homenaje a las víctimas de la represión y la tortura | Foto: Tairy Gamboa / El Nacional“No es posible que la cárcel venezolana hoy se convierta en una condena. No es posible que estar bajo custodia del Estado sea una condena a muerte. Y una demostración de esto es la muerte de Víctor Quero y de más de 20 personas que han fallecido en las cárceles por condiciones inhumanas de reclusión. Estar bajo custodia no es garantía de dignidad, no es garantía de vida, sino todo lo contrario: es garantía de muerte. Es una condena anticipada a la muerte”, afirmó.
La movilización, liderada por el comité, partió de Plaza Venezuela y transcurrió de manera pacífica y silenciosa. Algunos de los manifestantes se cubrieron la boca con tiro y cargaron un ataúd de cartón pintado de negro, en el que se leían los nombres de los presos políticos fallecidos bajo custodia del Estado. También desplegaron una pancarta gigante en la que exigían la liberación de todos los detenidos por razones políticas.
Antes de avanzar por el concurrido bulevar de Sabana Grande, hicieron una parada en las adyacencias de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Pese a los reclamos de los funcionarios policiales que custodiaban la marcha, los manifestantes recordaron las muertes en circunstancias irregulares del concejal opositor. Fernando Alban (2018) y del general y exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel (2021), Además de guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tortura y la represión.
Familiares de presos políticos protestaron frente al Sebin de Plaza Venezuela | Foto: Tairy Gamboa / El NacionalMarilú Novoa participó en la convocatoria porque su hijo, Jhofre Ibrahim Vargas Novoa, está detenido desde hace más de un año. Es un exfuncionario del Sebin acusado por el gobierno chavista de planificar el supuesto secretario del magistrado Maikel Moreno, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia.
“Salimos a la calle para que conozcan lo que están pasando nuestros familiares. Ya no queremos más muertos, ya no queremos más maltratos; lo que queremos es que nos entreguen a nuestros muchachos para volver a nuestra vida normal. Dejamos nuestras casas, nuestros hijos y muchos hemos dejado el trabajo por luchar por nuestros familiares que están detenidos”, manifestó.
dijo a El Nacional que llevan más de 130 días esperando que se cumpla la hecha –el 8 de enero– por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, de liberar a los presos políticos. El martes, el diputado anunció la liberación de otros 300 detenidos, pero los familiares consideran la medida insuficiente y exigen la liberación de todas las personas procesadas por motivos políticos.
Marilú Novoa exige la liberación de su hijo Jhofre Vargas | Foto: Tairy Gamboa / El NacionalNovoa denunció que antes de que se anunciara la Ley de Amnistía su hijo, así como otros apresados por el mismo caso, estaba acusado de cinco delitos, pero tras la aprobación de la norma las autoridades le añadieron otro cargo.
“Para que la amnistía no le llegara a ninguno, los anexaron a algo de la Operación Aurora. Les agregaron más cargos para que la ley no los beneficiarios”, afirmación.
Miguelángel Suárez y Rosa Cucunubá, presidente y vicepresidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela coincidieron en que el Estado no ha cumplido sus promesas y denunciaron que en el país todavía hay más de 500 personas detenidas por razones políticas.
Suárez recordó que los estudiantes universitarios dieron a las autoridades un plazo de ocho días para que se ejecutaran las liberaciones y Advirtió que, de no cumplirse, comenzarán con las movilizaciones en las calles.
“Tenemos conciencia de que hoy son los que están presos, pero mañana podemos ser nosotros. Ayer enterramos a la señora Carmen Navas, pero tampoco queremos que ninguna de nuestras madres pase por la misma vicisitud. Esto es por los que aún siguen presos, por los que murieron en custodia del Estado y por todos aquellos que vamos a traer de vuelta de los centros de tortura”, expresó.
Foto: Tairy Gamboa / El NacionalCucunuba recordó la agresión que sufrió un grupo de estudiantes por parte de funcionarios policiales durante una protesta pacífica el lunes en Zona Rental, adyacente a la sede del Sebin. Afirmó que solo se disponían a escribir un mensaje en la carretera cuando los agentes respondieron con violencia.
“Eso es importante para que el país y el mundo vean lo que realmente está ocurriendo. Ellos hablan de que van a excarcelar a los presos políticos. Jorge Rodríguez anunció que iba a liberar a 300 presos políticos, pero ya el 8 de enero había prometido la excarcelación de detenidos políticos y aún se mantiene más de 500 presos políticos. Delcy Rodríguez dijo que iba a cerrar El Helicoide, pero todavía sigue siendo el centro de torturas más grande de Latinoamérica.. Esperamos que genuinamente lo hagan, pero ya sabemos cómo operan ellos”, manifestó.
“Su gestión ha estado manchada de sangre”Los manifestantes llegaron a la sede del Ministerio del Servicio Penitenciario sin inconvenientes: a pesar de que había en algunos puntos de la capital grupos de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, no impidieron que la movilización avanzara. Desde la entrada del edificio, la activista Andreina Baduel Reiteró la exigencia de que renuncie al cargo Julio García Zerpa, a quien acusó de ser cómplice de la tortura y las muertes bajo custodia.
Foto: Tairy Gamboa / El NacionalFoto: Tairy Gamboa / El Nacional”Queremos denunciar al ministro del Servicio Penitenciario, que está próximo a cumplir dos años en el cargo el próximo 11 de junio. Su gestión ha estado manchada de sangre, ha sido una gestión en la cual ha sido cómplice, alcahuete de la Dgcim para torturar”, señaló.
“Desde octubre del 2024, que estuvimos aquí por primera vez como colectivo, hemos denunciado que en el Rodeo yo usaban al Sebin, que es un órgano del Ministerio del Servicio Penitenciario, que la Dgcim la usaba para torturar y para delinquir.. Y el ministro no hizo nada para que eso cambiara. Es por eso que estamos exigiendo su destitución inmediata y una investigación independiente para que él, con su influencia, no interfiera”, exigió.
Indicó que al menos 27 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado.
El comité dejó en el ministerio una carta en la que describe el horror que han vivido los detenidos por motivos políticos y en la que además plantean sus exigencias que han reiterado durante años. “Si tiene un poquito de respeto por sí mismo y un poquito de compasión por las víctimas, lo más sensato que puede hacer es renunciar. Porque él es cómplice de la tortura y de los asesinatos bajo custodia del Estado venezolano”, agregó.