La confirmación oficial de la muerte de Víctor Hugo Quero Navas ha desatado una ola de cuestionamientos sobre las responsabilidades de funcionarios penitenciarios, judiciales y de derechos humanos en el ocultamiento del caso durante casi diez meses.
El Ministerio para el Servicio Penitenciario admitió esta semana que Quero, de 51 años de edad, falleció en julio de 2025 mientras permanecía detenido en el Internado Judicial Rodeo I. La revelación llegó después de meses de denuncias de su madre, Carmen Teresa Navas, quien recorrió cárceles, tribunales y organismos públicos exigiendo información sobre el desfile de su hijo.
De acuerdo con el relato difundido por familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, durante ese tiempo la respuesta oficial fue el silencio o la negación de que Quero se encontrará recluida en ese centro penitenciario.
El caso ha generado fuertes cuestionamientos sobre la actuación del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpabajo cuya gestión ocurrió la detención y posterior caída del preso político. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) solicitó su destitución y la apertura de una investigación penal.
También han sido señaladas las autoridades del penal Rodeo I, desde el entonces director el teniente coronel Carlos Enrique Rincones Serven, hasta sus custodios, debido a las interrogantes sobre el ingreso de Quero, su traslado, las condiciones de su reclusión y la falta de información a sus familiares.
Defensoría y Fiscalía también bajo cuestionamientoOtro elemento que incrementó la gravedad del caso fue la constancia emitida en octubre de 2025 por la funcionaria de la Defensoría del Pueblo Dionita Coronadoen la que se certificaba que Víctor Hugo Quero se encontraba recluido en Rodeo I.
Para abogados y activistas, este documento demuestra que distintas instituciones del Estado tenían conocimiento de la situación del detenido mientras su madre seguía recibiendo respuestas evasivas.
Las dudas se extienden a la actuación del Ministerio Público (MP) y de la Defensoría del Puebloasí como a los funcionarios que ocuparon esos cargos durante el período en que Quero permaneció desaparecido oficialmente, entre ellos Tarek William Saab y Alfredo Ruiz.
A esta lista se suma Fiscalía 67 Nacionalque llevaba el caso; y el juez Carlos Liendoa cargo del Tribunal Segundo de Control con competencia en casos de Terrorismo, quien llevó la etapa preliminar. Además, de los funcionarios del servicio de medicina forense que hicieron la primera revisión sobre Quero Navas tras su detención, el médico personal del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo que lo atendió tras su traslado desde El Rodeo I y los funcionarios del servicio de medicina forense que realizaron el acta de desaparición en julio de 2025.
Un expediente que seguía activo pese al fallecimientoLa polémica se profundizó luego de que se conociera que, días antes de la confirmación oficial de la muerte, un juez habría revisado el expediente de Quero para determinar que no calificaba para la Ley de Amnistía. El sistema judicial habría continuado procesando administrativamente a una persona fallecida desde hacía varios meses.
El Ministerio Público anunció la designación de la Fiscalía 80 Nacional con competencia en derechos humanos y ordenó la exhumación del cuerpo como parte de la investigación penal.
La presión pública ya no se centra únicamente en determinar la causa de muerte de Víctor Hugo Quero, sino en establecer ¿Quiénes participan en el ocultamiento de su caída? y quiénes negaron información a su familia durante meses.
Organizaciones como el OVP y Foro Penal insisten en que el caso constituye una grave violación de derechos humanos y exigen que se determinen responsabilidades individuales dentro de la cadena de mando. Para Carmen Teresa Navas, de 82 años, la confirmación de la muerte de su hijo puso fin a una búsqueda angustiosa. Sin embargo, la exigencia de justicia apenas comienza.