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Wednesday, June 17, 2026
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    Álvarez respalda la Ley 1720 y defiende el modelo productivo cruceño

    La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, María René Álvarez, reafirmó el respaldo institucional a la Ley N.º 1720, destacando que esta normativa representa una herramienta para fortalecer el sector productivo y ampliar oportunidades para los pequeños productores.

    “La disputa de fondo no es simplemente quién posee la tierra, sino qué modelo de desarrollo queremos para el país y cómo garantizamos mejores oportunidades para nuestra gente”, manifestó.

    Álvarez explicó que la ley permite, de manera voluntaria, la conversión de pequeña propiedad a mediana propiedad, facilitando el acceso a financiamiento, crecimiento económico y fortalecimiento de la actividad agropecuaria. Asimismo, remarcó que la normativa no vulnera disposiciones ambientales ni afecta ecosistemas, sino que contribuye al desarrollo productivo y la seguridad alimentaria en un contexto económico complejo.

    En ese marco, el presidente de la ALD expresó además su rechazo a las iniciativas que buscan la abrogación de la ley, señalando que estas generan incertidumbre para el sector productivo y afectan el desarrollo regional.

    “Desde Santa Cruz vamos a defender el trabajo, la producción y el bienestar de nuestra población”, afirmó.

    Finalmente, María René Álvarez ratificó el compromiso de la Asamblea Legislativa Departamental con la autonomía, el desarrollo regional y la estabilidad institucional del país.

    DIPUTADOS APRUEBAN LA ABROGACIÓN DE LA LEY 1720

    Con 56 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó este sábado en la madrugada el proyecto de ley 417/2025-2026 que abroga la Ley 1720 de conversión voluntaria de pequeñas propiedades a medianas.

    “Han votado 100 colegas (diputados), 56 por el sí (a la abrogación) y 44 por el no (a la abrogación)”, dijo el diputado José Maldonado Gemio, tercer secretario de la Directiva camaral.

    Tras la aprobación para derogar esta ley, cívicos y representantes del sector productivo cuestionaron esta determinación, señalando que significa un retroceso en el desarrollo económico del país.