La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEPVzla) exigió este jueves la apertura de una investigación independiente sobre la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, luego de que el Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmara oficialmente que el detenido falleció en julio de 2025 mientras permanecía bajo custodia del Estado venezolano.
El pronunciamiento de la organización se produjo se horas después de que el ministerio admitiera, mediante un comunicado, que Quero Navas murió el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo tras haber sido trasladado desde el Internado Judicial Rodeo I por complicaciones de salud.
Hasta entonces, familiares y organizaciones de derechos humanos denunciaron que el paradero del detenido era desconocido desde su arresto el 3 de enero de 2025, situación que motivó múltiples diligencias ante organismos del Estado y denuncias públicas sobre una presunta desaparición forzada.
En respuesta al comunicado oficial, JEPVzla sostuvo que el caso debe ser investigado bajo estándares internacionales y reclamó garantías de independencia en el proceso. “Exigimos la apertura inmediata de una investigación independiente, exhaustiva e imparcial, conforme a los estándares establecidos en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016), tras la admisión por parte del Estado de la muerte bajo custodia de Víctor Quero”, expresó la organización.
La ONG cuestionó además que la investigación permanecería bajo control de instituciones vinculadas directamente con la custodia del detenido.
“La investigación no puede quedar bajo control de las mismas instituciones estatales responsables de la custodia de la víctima, especialmente cuando existen elementos objetivos que comprometen la transparencia y credibilidad de la actuación oficial”, señaló.
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— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) 7 de mayo de 2026 Denunciar contradicciones en versiones oficialesUno de los principales puntos planteados por la organización gira en torno a las contradicciones cronológicas entre organismos públicos sobre el caso. Según JEPVzla, la versión oficial sobre la supuesta ausencia de familiares “carece de sustento documental”, debido a que la madre del detenido, Carmen Navas, habría realizado múltiples trámites ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo buscando información sobre su hijo.
La ONG recordó que incluso existieron actuaciones institucionales derivadas de esas solicitudes y destacó una presunta inconsistencia entre fechas manejadas por distintos organismos estatales. “Resulta particularmente grave que, el 24 de octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo —tras consulta formal al Ministerio Público— le informara que Víctor Quero permanecía recluido en el Rodeo I, mientras que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario sostiene actualmente que el fallecimiento ocurrió el 24 de julio del mismo año”, indicó.
Para la organización, esta diferencia temporal “exige una explicación oficial verificable” y pone en duda la integridad de los registros estatales vinculados con el caso.
Desaparición forzada y violación de derechos humanosJEPVzla también afirmó que los hechos podrían ser compatibles con una desaparición forzada, argumentando que existió una negativa sostenida de información sobre el paradero del detenido y contradicciones oficiales respecto a su situación bajo custodia.
“Los hechos descritos evidencian posibles violaciones al deber estatal de garantía y protección respecto de una persona bajo custodia, así como vulneraciones al debido proceso, al derecho a la información y al derecho a la verdad de sus familiares”, sostuvo la organización en el comunicado.
Asimismo, recordó que el Estado tiene la obligación internacional de garantizar la vida e integridad física de las personas privadas de libertad, además de mantener registros precisos sobre su ubicación y situación jurídica dentro del sistema penitenciario.
La ONG también solicitó que la autopsia y las experticias médico-forenses sean realizadas por especialistas independientes, con acceso pleno para familiares y representantes legales a la documentación del caso.
Finalmente, cuestionó que la confirmación oficial sobre la muerte del detenido se conoció meses después del fallecimiento reportado por el Estado. “La emisión tardía de información sobre el fallecimiento no satisface las obligaciones estatales de verdad, transparencia y rendición de cuentas previstas en el derecho internacional de los derechos humanos”, expresó.