POSICIÓN. El sector agropecuario se declaró en emergencia y anunció la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria, pidiendo no tocar la Ley 1720; y por el contrario piden la derogación del Decreto Supremo 5613, que advierten causará inseguridad jurídica en la tierra.
Los agropecuarios cruceños se declararon en emergencia en defensa de la Ley 1720, de reconversión de la tierra de pequeña a mediana propiedad. En un pronunciamiento colectivo de todos los sectores aglutinados en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) convocaron a una Asamblea Extraordinaria de urgencia para este viernes en la ciudad de Montero.
Según el presidente de la CAO, Klaus Frerking la Ley 1720 es fundamental para el pequeño productor para acceder a financiamiento privado; a tiempo de remarcar que la normativa cumplió el procedimiento legislativo correspondiente.
“Los productores exigimos la plena vigencia de la Ley 1720 y la anulación del Decreto Supremo 5613”, indica el titular de la CAO.
Esta posición se da en un contexto en que una movilización de sectores indígenas y campesinos llegó hasta La Paz y entregó un pliego petitorio exigiendo la abrogación inmediata de la mencionada ley de tierras. Este grupo demanda además cambios estructurales en la gestión de recursos naturales, generando un escenario de alta polarización frente a las políticas agrarias vigentes.
El DS 5613 instruye a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) revisar las concesiones forestales -maderables y no maderables- para verificar su vigencia y si han sido utilizadas de acuerdo al Plan de Uso de Suelo (PLUS), así como la documentación legal y si hay posición territorial o permanencia de comunidades campesinas e indígenas con solicitud de dotación.
Asimismo, la norma señala que el informe emitido por la ABT, permitirá revertir concesiones para que el Estado, posteriormente pueda convertirlas en tierras fiscales disponibles y seguir el procedimiento de dotación en favor de comunidades campesinas e indígenas de acuerdo a la normativa vigente.
Para los agropecuarios esta normativa afectará la seguridad jurídica en los sectores productivos, por ello piden su abrogación.
Gobierno deja en manos de la ALP
En tanto, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, deslindó responsabilidad al Ejecutivo respecto al futuro de la cuestionada Ley 1720 y afirmó que su abrogación es decisión y responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).