Miami y Cuba viven una reconfiguración de los flujos migratorios y comerciales tras la entrada en vigor del Decreto-Ley 108 vigente en Cuba desde el 21 de abril de 2026. La nueva legislación, presentada por el gobierno cubano como una modernización aduanera, impone controles mucho más estrictos y centralizados, lo que incrementa la preocupación de millas de familias y empresas del sur de Florida que dependen de estos canales para hacer llegar ayuda esencial a sus allegados en la isla.
Según reportes de medios estadounidenses como el Miami Herald, periódico estadounidense, y análisis del CiberCuba News, medio digital independiente, la normativa otorga a la Aduana General de la República facultades ampliadas para inspeccionar, retener y confiscar equipaje, paquetes y mercancías enviadas desde el exterior.
El resultado inmediato es una mayor incertidumbre, demoras y riesgo de pérdidas definitivas para quienes envían o llevan artículos personales y de apoyo humanitario.
Fuente: Infobae