El alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, denunció ayer una presunta malversación de Bs 66 millones en la obra del viaducto proyectado en la doble vía a La Guardia, una infraestructura que, pese a haber sido financiada mediante crédito en 2023, no registra avances significativos ni evidencia del uso de los recursos.
Saavedra afirmó que existen documentos que acreditan tanto el contrato de la obra como el desembolso del dinero a cuentas municipales. Sin embargo, cuestionó que, a más de dos años del anuncio del proyecto, no existe ni la obra ejecutada ni los fondos disponibles.
“Estamos aquí cerca y no hay el viaducto. Pero no es solo que no hay obra, tampoco hay la plata. ¿Dónde están esos 66 millones de bolivianos?”, señaló.
El alcalde electo sostuvo que la situación es “grave” debido a que se trata de recursos obtenidos a través de endeudamiento público. Según explicó, la cuenta vinculada al proyecto se encuentra actualmente en saldo cero, pese a que el anticipo reportado para la obra no supera los Bs 10 millones.
“Pidieron plata, endeudaron a la ciudad para construir algo y la llevaron a otro lado. Ahora queremos saber dónde se llevaron esos recursos”, afirmó.
Saavedra también cuestionó la falta de respuestas claras por parte de funcionarios municipales, a quienes, según dijo, acudió recientemente para solicitar información. “Se pasaban la responsabilidad unos a otros”, indicó.
Ante estos indicios, anunció que presentará una denuncia ante la justicia para que se investigue el destino de los recursos y se establezcan responsabilidades. Además, advirtió que este mecanismo podría haberse replicado en otros créditos gestionados por la administración saliente.
La autoridad planteó la hipótesis de que los recursos habrían sido reasignados temporalmente a otras multas, en una lógica de “bicicleteo financiero”, que terminó por generar un déficit acumulado en el municipio.
En ese contexto, relacionó la situación con los problemas actuales de liquidez que enfrenta la Alcaldía, como deudas con proveedores, retrasos en el pago a trabajadores y la suspensión de servicios.
Respecto al futuro del proyecto, Saavedra indicó que cualquier decisión dependerá del resultado de la investigación. No obstante, pidió que, mientras se aclaran los hechos, se garantice la transitabilidad en la zona intervenida, debido a los congestionamientos que afectan a los ciudadanos.
“Lo primero es saber dónde están los recursos. Son fondos que estaban destinados a una obra y no pueden simplemente desaparecer”, enfatizó.