El director del Foro Penal, Alfredo Romero, denunció que en los últimos días se han registrado obstáculos dentro del sistema judicial para la aplicación de la ley de amnistía, señalando que algunos tribunales estarían rechazando tramitar expedientes relacionados con este instrumento legal, en medio de la controversia generada tras recientes pronunciamientos oficiales sobre su alcance.
Durante una entrevista con el periodista Vladimir Villegas, el abogado afirmó que estas actuaciones reflejan fallas estructurales en el funcionamiento de las instituciones judiciales, particularmente en lo relacionado con su independencia. A su juicio, lo que ocurre evidencia un problema de fondo en la administración de justicia en el país.
“Es una expresión clara y obvia de la no separación de poderes y la falta de independencia del Poder Judicial”, aseguró.
Romero cuestionó además la capacidad del ejecutivo para intervenir en la vigencia de normas legales, subrayando que la derogación o modificación de leyes no corresponde al gobierno, salvo en circunstancias específicas contempladas en la Constitución. En ese sentido, recordó que cualquier cambio en la ley de amnistía debería pasar por el Poder Legislativo o por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Críticas a la ley de amnistía por demoras y falta de transparenciaLas declaraciones se producen en un contexto marcado por críticas de organizaciones de derechos humanos sobre la implementación de esta normativa. Según el Foro Penal, el proceso ha estado acompañado de demoras, exclusiones y decisiones discrecionales que han limitado su alcance. De hecho, la organización ha advertido previamente que la ley ha funcionado como un mecanismo que ralentiza la liberación de detenidos por razones políticas, en lugar de facilitarla.
En paralelo, distintas ONG han documentado que aún permanecen cientos de personas privadas de libertad por motivos políticos, muchas de ellas sin acceso a los beneficios contemplados en la amnistía. Reportes recientes señalan que varios casos han quedado fuera del proceso, lo que ha generado cuestionamientos sobre su aplicación y transparencia.
Romero también alertó sobre la existencia de denuncias de tortura que, según indicó, no han sido investigadas por las autoridades competentes.
“Por más que hayas cometido un crimen, la tortura está prohibida en Venezuela. Es una violación grave de los derechos humanos”, expresó.
En su análisis, el defensor de derechos humanos planteó que la situación actual dificulta cualquier escenario de cambio político sostenible. A su juicio, sin garantías de independencia judicial y respeto al debido proceso, no es posible avanzar hacia procesos de reconciliación o estabilidad en el país.