La presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, manifestó este viernes su preocupación tras el anuncio sobre el cese de la ley de amnistía, al considerar que esta medida afecta directamente a cientos de personas que permanecen detenidas por razones políticas en el país.
A través de su red social X, el dirigente puso el foco en la realidad de los centros de detención, señalando que, según sus cálculos, cerca de 500 personas continúan privadas de libertad por razones políticas. A su juicio, esto hace aún más preocupante cualquier decisión que limite el alcance de una ley concebida precisamente para facilitar liberaciones.
“Como ciudadana me alarma que aún cuando quedan cerca de 500 prisioneros políticos en las cárceles del país, se pretende poner fin a la aplicación de una ley que se supone que será un pilar para su liberación”, manifestó.
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El día de ayer se anunció que “Ley de Amnistía llega a su fin”. Esto es de suma gravedad.
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– Delsa Solórzano (@delsasolorzano) 24 de abril de 2026 Más allá del plano político, la también abogada abordó el tema desde una perspectiva jurídica, insistiendo en que la existencia o eliminación de una ley no puede quedar sujeta a anuncios o interpretaciones administrativas. Recordó que el ordenamiento legal venezolano establece procedimientos claros para la derogación de normas, los cuales deben respetarse estrictamente.
Persiste el debate sobre la validez de la ley de amnistíaEn apoyo a su planteamiento, mencionaron disposiciones constitucionales como los artículos 7 y 137, que obligan a todos los poderes públicos a actuar conforme a la ley. Trajo a colación el artículo 7 del Código Civil, que establece que “las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes”.
Desde su interpretación, la ley de amnistía sigue teniendo plena validez, pues no contempla una fecha de caducidad ni ha sido anulada por una instancia competente. Por ello, advirtió que desconocerla mediante mecanismos distintos a los previstos implicaría una ruptura del principio de legalidad y una afectación directa al Estado de Derecho.
Estas declaraciones surgen un día después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara su fin y asegurara que la ley ha beneficiado a un total de 8.616 personas. Sin embargo, el señalamiento oficial contrasta con las preocupaciones de sectores opositores, que sostienen que aún existe un número significativo de detenidos que no han sido alcanzados por esta normativa, lo que mantiene abierto el debate sobre su aplicación real y su vigencia en el contexto actual del país.