La presidenta encargada Delcy Rodríguez aseguró este jueves que 8.616 personas han sido beneficiadas con la ley de amnistía, durante el acto de instalación de la Comisión Nacional para la consulta y reforma del sistema de justicia penal, instancia que tendrá como objetivo revisar el funcionamiento del sistema judicial venezolano y proponer ajustes estructurales.
En su intervención, la funcionaria defendió el alcance de esta normativa y sostuvo que su aplicación había tenido resultados amplios en términos de cobertura. Al mismo tiempo, reconoció que el proceso ha estado acompañado de cuestionamientos y voces críticas.
“La Ley de Amnistía ha salido muy bien en cuanto a la cobertura, (…) siempre habrá voces que buscan perturbar los procesos”, señaló, añadiendo además que, en su opinión, “colocan a esta ley (…) en un punto muy alto en relación a lo que fue la Ley de Amnistía en Sudáfrica que limitó siete años, o lo que es la Ley de Amnistía en España que todavía está abierta desde el año 2024”.
Rodríguez precisó que, en el caso venezolano, “estamos hablando de 8.616 personas que han sido beneficiadas (…), que tienen hoy libertad plena otorgada a través de la Ley de Amnistía”, en el marco de una política que, según explicó, surgió en un contexto de tensión política y confrontación.
Rodríguez afirma que ley de amnistía busca fomentar el diálogo y el respetoLa funcionaria agregada que este mecanismo se deriva de un proceso de reflexión nacional sobre la necesidad de encaminar la convivencia política hacia espacios de diálogo y tolerancia. En ese sentido, afirmó que la iniciativa busca “que los venezolanos y las venezolanas podamos dirimir nuestras diferencias desde espacios de respeto, desde espacios de tolerancia”, con la intención de “excluir definitivamente, erradicar el odio, la intolerancia, el racismo, la xenofobia”.
En paralelo, organizaciones como Foro Penal han reportado en sus últimos balances que en el país se mantienen alrededor de 473 personas detenidas por motivos políticos. La ONG también ha advertido sobre la existencia de casos sin sentencia firme y la necesidad de mayor claridad en los procesos asociados a excarcelaciones, en un contexto en el que se siguen evaluando como la ley de amnistía.