El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo informó que el Ministerio Público admitió la denuncia contra los ex Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Isidora Jiménez Castro y Petronilo Flores Condori, además de la jueza Mery Yanet Mojica Peña por el caso Mutualista.
“El día lunes se interpuso la denuncia de manera formal ante el Ministerio Público por los supuestos delitos de prevaricato y la misma el día de hoy ya ha sido admitida después de haber pasado por la Unidad de Análisis de la Fiscalía y actualmente se encuentra con inicio de investigación bajo el control jurisdiccional de un juez de instrucción en la ciudad de Santa Cruz, lo que apertura la etapa preparatoria para realizar todas las actuaciones investigativas a cargo de la Dirección Funcional del Ministerio Público”, detalló a través de un video.
Asimismo, explicó que la unidad de Transparencia fue quien presentó formalmente la denuncia y ellos serán los que puedan proponer algunas diligencias investigativas, toda vez que han realizado el análisis de los accionados procesales y han emitido un informe que ha arrojado responsabilidades identificadas que han sido puestas a conocimiento de las autoridades competentes.
“Con este caso lo que buscamos nosotros es sentar un precedente, que en Bolivia se entienda que la administración de justicia está cambiando, que no vamos a tolerar ningún hecho de corrupción, que no vamos a permitir que administradores de justicia se presenten a ese juego, delitos esos y principalmente querer favorecer de manera irregular a personas que intentann hacerle daño, peor aún tratándose de bienes que son de dominio público”, expresó.
INFORME DEL TSJ
El pasado 16 de abril, tras una investigación realizada por la Unidad de Transparencia del TSJ, se reveló una serie de irregularidades y fallas en procesos judiciales dentro del caso Mutualista.
Entre las principales: la existencia de documentación irregular en la presunta transferencia del terreno, inconsistencias en la identidad del presunto propietario, posibles fallas y delitos en actuaciones judiciales (incluido un amparo tramitado fuera de jurisdicción) y la presencia de indicios de prevaricato en una sentencia constitucional.
De acuerdo con Saucedo, una jueza de Pailón habría admitido un amparo constitucional contra la Ley Municipal 417 (que declaraba el mercado Mutualista como bien de dominio público) sin tener competencia territorial. Pese a ello, la jueza otorgó medidas cautelares que restringían actividades en el mercado, para luego declararse incompetente y remitir el caso a Santa Cruz.
Ante estas inconsistencias, Saucedo señaló que hará seguimiento en el esclarecimiento del caso y la defensa del Mutualista.