El director del Foro Penal, Alfredo Romero, denunció este jueves que nuevamente se le impidió la entrada al Centro Penitenciario El Rodeo I, donde tenía previsto visitar a los presos políticos Igbert Marín Chaparro y Josnars Adolfo Baduel.
Romero afirmó que se trata de una situación reiterada que afecta directamente el derecho a la defensa de los privados de libertad.
De acuerdo con su testimonio, el equipo de la organización se trasladó al recinto penitenciario con la intención de efectuar el seguimiento habitual a los casos, pero en el lugar se les notificó que no podía entrar debido a supuestas fallas en el sistema.
“Intentamos, como siempre lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, visitar a algunos de los presos políticos que se encuentran aquí en El Rodeo, particularmente a Igbert Marín Chaparro y Josnars Adolfo Baduel. Sin embargo, en esta oportunidad, que ya lamentablemente ha sido la narrativa constante, nos dicen que hay un problema en el sistema y que no nos permite la visita”, afirmó Romero.
Indicó que estas restricciones no son nuevas, sino que se han repetido durante los últimos dos años en este lugar, con argumentos de las autoridades penitenciarias para impedir el acceso.
“Solamente una vez me han permitido la visita de Igbert Marín Chaparro y Josnars Baduel tampoco me han permitido entrar. La otra vez era que las visitas estaban suspendidas”, relató.
Contradicciones en cambios del sistema de justiciaEl abogado cuestionó la continuidad de estas limitaciones en momentos en que, según dijo, se anuncian cambios en las instituciones del sistema de justicia. A su juicio, la situación evidencia una contradicción entre esos anuncios y la realidad en los centros de reclusión.
“Esto tiene que cambiar. No puede ser que haya una supuesta intención o voluntad de cambio, un nuevo fiscal, una nueva defensora del pueblo, y que no se permite el derecho a la defensa. Es una violación flagrante, una violación constitucional que anula por completo los procesos, que de por sí ya constituye no una aparente sino una clara violación a los derechos humanos, de carácter sistemático, tanto en las cárceles donde se mantienen los presos políticos, como en los tribunales y en la Fiscalía”, manifestó Romero.
Foro Penal ha denunciado en reiteradas oportunidades restricciones al acceso de abogados y defensores a personas privadas de libertad por razones políticas, así como obstáculos para la supervisión de condiciones de reclusión en centros penitenciarios del país.