La Coordinadora Defensora de la Salud Bolivia (CDSB), llevó a cabo la Primera Cumbre por la Salud, un encuentro catalogado como “un hito histórico” que reunió a representantes de los 15 distritos urbanos, provincias y municipios del departamento de Santa Cruz con el objetivo de definir medidas que frenen la mortalidad de madres y recién nacidos atribuida a la negligencia institucional en la maternidad Percy Boland.
Ante esta situación, la Fundación Martín Dockweiler puso a disposición el segundo piso del Hospital Universitario Martín Dockweiler, una infraestructura que resuelve de manera integral la crisis hospitalaria que hoy cobra vidas. Sin embargo, la respuesta de las autoridades departamentales fue el silencio. Es decir 33 días de silencio administrativo, lo que significa que cada jornada que pasa sin acción se traduce en niños que mueren por falta de equipamiento en un hospital que ya demostró ser incapaz de garantizar la vida.
“Imagínense, 33 días que hemos hecho una oferta para que este hospital pueda ser trasladado, donde van a tener mayor espacio, servocunas, todo el equipamiento de última generación y no aceptan. 33 días para una donación muy grande y las autoridades hasta el día de hoy no nos contestan. (…) Vamos a ir a la Corte para hacer una iniciativa ciudadana donde se pedirá al juez que ordene a la Gobernación que el Percy Boland se pueda trasladar porque no hay ningún pretexto al respecto, los Los bebés están muriendo”, dijo Martín Dockweiler, presidente de la Fundación Udabol.
En esa línea, la Primera Cumbre por la Salud aprobó tres medidas de acción inmediata:
1. Acción Popular ante la Sala Constitucional, invocando la defensa del derecho fundamental a la salud ya la vida de la población cruceña.
2. Carta formal con petición legal al Gobernador del Departamento de Santa Cruz, presentada directamente por las federaciones de juntas vecinales, exigiendo el traslado de operaciones del Hospital Percy Boland al Hospital Universitario Martín Dockweiler.
3. Activación del carácter vinculante que la Constitución Política del Estado otorga a las juntas vecinales, lo que obliga al Gobernador a atender esta petición. Señalando además, que ignorarla constituye incumplimiento de deberes, con todas sus consecuencias legales.
Así también, en la cumbre también recordaron que en 2024, 17 bebés perdieron la vida por una infección intrahospitalaria en el Percy Boland. Lo que significó que diecisiete muertes pudieron evitarse. Y hoy, mientras existe una solución concreta sobre la mesa, la burocracia elige el silencio y el silencio sigue matando.
Por último, la Coordinadora Defensora de la Salud Bolivia advirtió que estas acciones no son una amenaza, sino son el ejercicio pleno de los derechos constitucionales de un pueblo que exige respuestas. “La Fundación ofreció la solución. El pueblo organizado exige que se ejecute”, concluye.