El Comité pro Santa Cruz informó la existencia de denuncias de presuntas irregularidades en el reciente proceso electoral subnacional, en al menos 12 a 15 municipios del departamento, según informó su presidente, Stello Cochamanidis. Las observaciones, afirmó, abarcan distintos niveles de representación, incluyendo cargos de alcaldes, concejales y asambleístas.
De acuerdo con el líder cívico, a lo largo de la jornada se han recibido múltiples denuncias que apuntan a supuestas fallas en la conducción del proceso electoral. Cochamanidis señaló que existen indicios de que algunas decisiones habrían sido “digitadas” desde instancias superiores, aludiendo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo que —según dijo— habría afectado la transparencia en determinados municipios.
Cochamanidis, también hizo referencia a información que, asegura, proviene del interior del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, donde se evidenciarían inconsistencias en la habilitación e inhabilitación de candidatos, siendo el caso principal, en San Ignacio de Velasco. En ese sentido, cuestionó la falta de claridad sobre quiénes serían los responsables de estas decisiones y mencionó la existencia de correos electrónicos que respaldarían las denuncias.
En ese sentido, Cochamanidis anunció que solicitará formalmente la legalización de la documentación recibida, con el fin de evitar que las autoridades desestimen las acusaciones por falta de sustento. Añadió que se exigirá tanto al ente departamental como al Tribunal Supremo Electoral que transparenten la información y establezcan responsabilidades.
Asimismo, remarcó que las irregularidades no responden a un caso aislado, sino a una serie de situaciones en distintos municipios, lo que —a su juicio— descarta la posibilidad de errores administrativos puntuales. “No es por un candidato ni por una fuerza política”, enfatizó, al sostener que lo que está en cuestión es el derecho ciudadano a elegir libremente.
Finalmente, anunció que continuarán recopilando pruebas y acompañando a los afectados para exigir respuestas a las autoridades electorales. Según indicó, el objetivo es que la población conozca lo ocurrido y se garantice el acceso a la información en instituciones públicas.