La seguridad jurídica no es meramente la existencia de un poder judicial confiable, imparcial e independiente, conformado por jueces idóneos. Implica muchos aspectos, que abarcan los factores políticos, institucionales y económicos. El elemento central es que existe un escenario de estabilidad. Concepto complejo. Es este factor, principalmente institucional, ubicado en la relación estructural de sociedad, economía y política, el que genera confianza. La estabilización significa equilibrio, ausencia de conflictos agudos, de carácter estructural, que estimulan la ruptura del status quo vigente.
Quizás el requisito esencial es la existencia de un Estado de derecho. Esto es, un ordenamiento jurídico que rija las actuaciones de los poderes públicos y de los ciudadanos, que sea acatado. Que estén definidas las formas de producción jurídica, las competencias y alcances de los poderes públicos, el control de sus actuaciones, los derechos de los ciudadanos y los mecanismos para su defensa. Esto solo puede sustentarse en una real separación de poderes, independientes y acatamiento mutuo de sus competencias y controles. Evidentemente, es contrario a cualquier modelo de concentración de poder. La historia muestra que los regímenes de poder concentrado funcionan a capricho del tirano y son impredecibles sus actuaciones, no generan confianza.
Un factor decisivo, en un Estado de Derecho, es la legitimidad de origen y funcional de los poderes públicos. Por un lado, lógicamente, el ordenamiento prevé cómo se designan los poderes públicos, lo que da la legitimidad de origen. Es claro que un poder no designado conforme al orden jurídico es un poder de facto, es ilegítimo y puede ser depuesto, así en nuestra Constitución el artículo 333 dispone, en caso de desconocimiento de ella, sea restituida. Los gobiernos de facto no son estables, en cualquier momento pueden ser derrocados. Los inversores temen a gobiernos de facto, saben que son inconsistentes.
Los inversores exigen reglas claras sobre el respeto de sus inversiones y utilidades. No basta establecer cláusulas de arbitraje internacional. Muchas empresas que expropiaron a Chávez, en sus contratos con el Estado venezolano estaba la cláusula, pero el gobierno no honró sus obligaciones. Los inversores acuden en escenarios que los gobiernos se someten a las disposiciones legales y cumplen con sus obligaciones. En este marco el gobierno debe respetar las normas internacionales, especialmente, sobre los derechos humanos. Contra el régimen venezolano organismos internacionales emitieron decisiones, debido a la violación permanente de los derechos humanos, el cual se negó a cumplir. Los inversores saben que participaban los gobernantes actuales.
Por otra parte, la política económica debe estar destinada a generar condiciones propicias a la inversión, de manera que debe atacar las causas de la inestabilidad económica, entre ellas de la devaluación, de la inflación, del gasto público excesivo. Fomentar la productividad en la producción y la competencia leal. Lucha contra la corrupción, erradicar el gasto superfluo y el burocratismo de la administración pública. Transparencia en la gestión, en las cuentas nacionales e indicadores estadísticos básicos. Delcy a esto le da largas, su idea es ganar tiempo y que Trump pierda las elecciones.
Con relación a los desequilibrios sociales se sabe que son causa de inestabilidad política, pues estos demuestran que por causa de las políticas erradas del gobierno se producen, lo que plantea la ilegitimidad funcional. Los actuales gobernantes fueron artífices de haber convertido al estado venezolano en un estado fallido, incapaz de satisfacer los servicios básicos de la población. Sus políticas quebraron a Pdvsa, las empresas básicas, el cierre de empresas privadas, el desempleo, los salarios de hambre y la pobreza en el pueblo. Cónsono con esto debe existir prensa libre que pueda informar la verdad sin ser perseguida.
En cuanto al Poder Judicial es totalmente sumiso al poder central, actúa conforme a órdenes de la cúpula, innegable que ha perdido su independencia, autonomía e imparcialidad. El Poder Judicial debe estar conformado por jueces idóneos, sin militancia política y designados conforme a leyes rigurosas de carrera judicial.
Hoy día, el país no reúne las exigencias para la inversión, pues siguen los mismos gobernantes con igual opacidad y mentiras, con manejos corruptos, sin combatir el narcotráfico de la guerrilla colombiana. Algo que debe llamar la atención es que 93,4% del pueblo venezolano rechaza a Delcy y su combo; 82,7% desea elecciones libres. Esta realidad pone al desnudo que la estabilidad es concurrencia de pueblo y gobierno, que haya satisfacción social y prosperidad económica. Es indiscutible que hay que regresar a la libertad y democracia, restituir el Estado de derecho y la independencia de los poderes públicos. Sin libertad no hay estabilidad, sin libertad de prensa no hay estabilidad, con hambre y desempleo no hay estabilidad. La lucha debe seguir por los derechos y libertades. ¡Hasta el final!