Asamblea Nacional suspende la discusión de la ley de minas. Foto Asamblea NacionalLa Asamblea Nacional ha decidido activar un nuevo proceso de selección del fiscal general y del defensor del pueblo; decisión que, más allá de su apariencia formal, obliga a examinar su conformidad con la Constitución.
Recientemente Provea señaló, con suficiente fundamento legal, que la activación del procedimiento no era jurídicamente imprescindible. La propia normativa prevé fórmulas de continuidad institucional para cubrir vacantes por renuncia sin necesidad de reiniciar el proceso de designación. Sin embargo, el Parlamento optó por ignorar esas alternativas y abrir un nuevo ciclo de postulaciones. Esa elección revela una voluntad política clara: desplazar, sin justificación jurídica alguna, las soluciones previstas en la ley.
En este contexto, el país vuelve a enfrentar un problema que ha sido tolerado durante más de dos décadas: la integración de los comités de postulaciones. Son legales, sí, pero inconstitucionales. Y es hora de decirlo sin rodeos.
La Constitución de 1999 ordenó que esos comités estuvieran integrados por “los diversos sectores de la sociedad”. Ese mandato no fue un saludo a la bandera. Representó una ruptura deliberada con el monopolio partidista en la conformación del Poder Público. Y cuando el constituyente habló de “diversos sectores”, lo hizo con nombres y apellidos. En el Diario de Debates de 1999, las intervenciones de Allan Randolph Brewer‑Carías, Ricardo Combellas, Hermann Escarrá y Aristóbulo Istúriz identificaron con claridad a universidades, gremios profesionales, organizaciones de trabajadores, sectores empresariales, asociaciones civiles y ONG como actores llamados a participar en esos comités.¹
El era inequívoco: impedir que los procesos de designación queden en manos exclusivas de los actores políticos y abrir espacios reales de participación ciudadana, en coherencia con el propósito de modelo de democracia participativa y protagónica consagrado en la Constitución.²
Pero las leyes orgánicas dictadas después (las del Poder Ciudadano, del Poder Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia) desnaturalizaron ese mandato. En lugar de desarrollar la participación social la restringieron, al establecer que la mitad más uno de los integrantes de los comités deben ser diputados. Lo que debía ser un espacio plural donde el protagonista es la sociedad en su conjunto, se convirtió en un mecanismo controlado por el Parlamento. Lo que debía abrirse a la sociedad terminó replegándose hacia la representación política. Y lo que debía encarnar el espíritu participativo de la Constitución quedó atrapado en la lógica que el propio constituyente quiso superar.
Hoy, sin embargo, existe una oportunidad que no debe desperdiciarse. Este es el momento para que la Asamblea Nacional demuestre si realmente tiene la voluntad de cumplir con la Constitución. No se trata de un gesto político. Se trata de un examen institucional. Un examen que no admite evasivas. Un examen que solo puede aprobarse con hechos, no con discursos.
Si la Asamblea Nacional quiere honrar la Constitución, debe hacerlo donde importe: reformando de inmediato las tres leyes orgánicas que distorsionan.