Los venezolanos no negamos nuestros errores; más bien, reconocemos que han sido unos cuantos. De allí que acudamos al sustantivo “tropiezo”, al cual se atribuyen más de un significado: 1) un obstáculo, contratiempo o error; 2) causa de la culpa prometida; y 3) dificultad, embarazo o impedimento en un negocio, trabajo o pretensión. Los tres significados, siendo serios, han acompañado nuestra historia constitucional.
El académico Allan Brewer Carías, en un trabajo sumamente interesante, puntualiza: 1) Venezuela es el país de América Latina con la historia constitucional más larga; 2) se da el primer texto constitucional moderno del continente hispanoamericano: “La Constitución de los Estados Unidos de Venezuela”, el 21 de diciembre de 1811; 3) el Cabildo o Ayuntamiento de Caracas se transformó, por la fuerza de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, en la entonces Provincia de Venezuela; 4) la reacción se convirtió en la primera manifestación de independencia frente a España; y 5) en el proceso se constituyó el Congreso General de las Provincias de Venezuela, que declaró la independencia el 5 de julio de 1811, culminando con la sanción de la Carta Fundamental del 21 de diciembre de 1811, la primera del mundo moderno en adoptar la forma federal después de la Constitución americana de 1787. Elogios. Sin lugar a dudas, merece la gesta así planteada.
Pero debemos considerar, asimismo, los desaciertos que han fomentado nuestra incontinencia constitucional, lo cual implica analizar la razón de ser y de dejar de ser de los textos constitucionales a lo largo de la historia. Un error común en muchos países, y particularmente en América Latina, donde no ha habido un desarrollo constitucional verdaderamente sólido.
En un interesante trabajo sobre Chile se analiza, en efecto, la problemática en relación con el debate, no tan lejano, sobre una nueva constitución, que se llevaría a cabo durante el período presidencial de Gabriel Boric (2022-2026), calificado como el presidente más izquierdista del país. Este proceso, cabe anunciar, se inició durante la administración de Sebastián Piñera, a raíz de manifestaciones populares que demandaban una mejor distribución de la riqueza y que colapsaron Santiago. Surge, entonces, la pregunta: ¿encontraría el desequilibrio social denunciado en las protestas alternativas encaminadas a su solución mediante la puesta en vigencia de un nuevo texto constitucional? En ese error ha incurrido gran parte de la humanidad. Y lo más factible es que se prolonga.
En los análisis debemos calificar la “carencia de estabilidad política” como la causa que ha alimentado, en América Latina, “la proliferación de textos constitucionales”, un fenómeno que conduce a una contraproducente “masificación normativa”, análoga a “la inflación en el número de leyes”. Un orden institucional serio, argumenta Eduardo Andrades Rivas, autor del ensayo sobre Chile, requiere que sus estructuras jurídicas se asienten sobre bases sólidamente edificadas, a fin de posibilitar que el Estado enfrente la diversidad de problemas y contribuya al desarrollo de una sociedad esencialmente cambiante. “La permanencia constitucional” debe, por tanto, reinar. Si un concepto resulta válido, es que “las reformas constitucionales deben ser inusuales”, y mucho más la práctica habitual de sustituir una carta magna por otra sin justificación. La inventiva, sin fundamento racional, de un gobierno, director, jefe o conductor de un partido político, grupo social u otra colectividad, ha sido un factor negativo.
Una deducción provechosa sería, consecuentemente, considerar: 1) ¿Existe una vinculación entre la estabilidad de las normas constitucionales y el uso que se hace del poder constituyente derivado? 2) ¿Asegura esto último la necesaria y deseable estabilidad constitucional? 3) ¿O, por el contrario, fuerza salidas extraconstitucionales? Las interrogantes son sensatas; las respuestas, difíciles.
En Venezuela, es evidente que el dinamismo en lo referente a la elaboración, promulgación y derogación de los textos fundamentales ha sido intenso. Desde 1811, particularmente con el Acta de Independencia, considerada la primera constitución que nos constituyó como pueblo independiente, la sucesión incluye unas veinticinco más. A pesar de que algunos analistas respetados consideran que no hemos tenido más de siete u ocho constituciones significativas —aquellas con una estructura constitucional eficaz, bien por su duración de diez años o más (1830, 1864, 1881 y 1961), bien porque, aunque de vigencia más corta, no fueron un disfraz para la hegemonía de un caudillo o dictador (1811, 1936, 1947), o porque representan concepciones. constitucionales importantes o rupturas con la constitución anterior (1811, 1830, 1858, 1864, 1947 y 1961)—, las demás constituciones fueron, en mayor o menor medida, meras adaptaciones de la vigente para acomodarla a caprichos del mandatario de turno oa necesidades políticas pasajeras. Así lo han atestiguado destacados venezolanos como Gustavo Planchart Manrique, Manuel Caballero, Marianela Ponce, Manuel Pérez Vila y Nikita Harwich Vallenilla en el trabajo. Las constituciones de Venezuela.
La reflexión sobre estas ideas, sin descartar que pueda ser una utopía de quien escribe, nos lleva a plantearnos si Venezuela debería aprovechar “la corresponsabilidad gubernativa con Estados Unidos” para superar los más dañinos obstáculos que han limitado nuestra consolidación como país, obstáculos que aún persisten. Estimamos que el cálculo de probabilidades puede ayudarnos, siempre que seamos capaces de concientizarnos sobre lo siguiente:
El protectorado es un hecho; no será eterno, pero existe.Ha sido establecido por una de las potencias más sólidas del mundo.El gobierno de Estados Unidos justifica su intervención aduciendo “un severo daño que desde Venezuela se infería a su estabilidad, al igual que a su gente”, así como a los países vecinos.Es difícil imaginar que presiones desde Venezuela, incluyendo las de quienes lamentablemente se encuentran en el exilio, logren que el protectorado desaparezca en el corto plazo.La sustitución del gobierno provisional establecido bajo la sujeción de Estados Unidos no parece probable en un futuro cercano.Un proceso electoral a corto plazo tampoco se percibe como probable.A Venezuela le correspondería, por consiguiente, la paciencia y la disposición para entender la situación, así como el deseo —por no decir obligación apremiante— de prosperar. La metodología para lograrlo debe ser, además de creativa, sincera.
Permítasenos finalizar reiterando que alcanzar estas metas nos prepararía mejor, incluso, para enfrentar las dificultades que el filósofo Yuval Noah Harari predice para los próximos 20 o 30 años: la incertidumbre política, económica y laboral será intensa, y muchas profesiones desaparecerán mientras surgen otras nuevas, desconocidas hasta ahora. Por ello, es crucial inculcar a los jóvenes la importancia de seguir formándose y adaptándose a los cambios a lo largo de la vida.
Finalmente, agradecemos la referencia a la relación histórica de Venezuela con Estados Unidos, que parece haber comenzado, al menos, desde 1787, cuando se buscaba asumir los lineamientos del constitucionalismo moderno de la patria de George Washington. Confiamos, por tanto, en la cooperación de Dios para superar uno de los enredos que actualmente nos arropan.
@LuisBGuerra