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Jueces especializados decidirán la entrega material de más de un centenar de predios que fueron blanco del conflicto armado.
La URT ha activado 116 solicitudes de protección sobre 134 predios. Foto: Unidad de Restitución de Tierras
PERIODISTA18.03.2026 12:45 Actualizado: 18.03.2026 12:45
En un giro institucional que busca sacudir el letargo a la reparación a las víctimas en el Caribe colombiano, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha puesto en marcha una ‘purga’ a procesos.
La Dirección Territorial Bolívar – Sucre anunció la revisión con vocación de revocatoria de 200 resoluciones administrativas que, en gobiernos anteriores, cerraron la puerta a las solicitudes de justicia y reparación de millas de campesinos.
Esta estrategia no es un simple trámite burocrático; es un reconocimiento implícito de que el Estado pudo haber fallado en su análisis jurídico, social y catastral, dejando desprotegidas a familias que fueron desplazadas por la violencia.
En el pasado sufrimos presiones que nos llevaron a ceder nuestras tierras en condiciones injustas. Hoy, gracias a la URT, recuperamos la esperanza.
Antonio GodoyVíctima del conflicto armado en el Caribe
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El ‘Caso Godoy’: El fin de
la sombra de la camaronera
La directora de la URT y representantes de familias beneficiadas para proyectos productivos. Foto:Nelson Ardila
El epicentro de este cambio de rumbo se materializa en el caso de la familia Godoy, víctimas del emblemático predio La Camaronera, predio ubicado en el municipio de Turbana (Bolívar) en inmediaciones del Canal del Dique.
Durante años, este territorio fue el símbolo de una compleja convergencia entre el fuego cruzado de actores armados y presiones de intereses económicos privados que forzaron el despojo.
Tras una revisión, la URT ha revocado el acto administrativo que negaba la protección a los Godoy, inscribiéndolos formalmente en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF). Este paso es el ‘tiquete de entrada’ a la fase judicial, donde jueces especializados decidirán la entrega material del predio.
“En el pasado sufrimos presiones que nos llevaron a ceder nuestras tierras en condiciones injustas. Hoy, gracias a la URT, recuperamos la esperanza”, relató Antonio Godoy, cuya voz resume el sentimiento de una región que ha esperado décadas por una respuesta clara.
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Un blindaje jurídico
contra el despojo institucional
Paula Bolívar, subdirectora de la URT, en vivo con EL TIEMPO Foto:EL TIEMPO
Para Daniel Flórez, director territorial de la URT en Bolívar y Sucre, el objetivo es desmantelar los efectos del despojo causado no solo por los fusiles, sino por lo que denominan “actores económicos e institucionales”.
La meta de la entidad para este 2026 se centra en tres ejes fundamentales:
Seguridad jurídica: Garantizar que cada expediente cuente con una verificación técnica de alta calidad para evitar que los procesos se caigan en los juzgados.
Reparación integral: No solo devolver la hectárea de tierra, sino emitir conceptos que permitan el acceso a proyectos productivos y servicios básicos.
Recuperación de confianza: Sanar la relación con las comunidades rurales que sentían a la Unidad como una entidad de difícil acceso.
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El reto de la implementaciónSi bien el anuncio genera optimismo, el reto logístico es mayúsculo. Revisar 200 expedientes implica una carga administrativa que requiere equipos interdisciplinarios robustos en una zona donde la seguridad sigue siendo un factor variable.
Sin embargo, el mensaje que envía la entidad desde El Carmen de Bolívar es: “la justicia de tierras en Colombia ha entrado en una etapa de autocrítica institucional para garantizar que ningún derecho legítimo quede sepultado bajo una resolución de archivo”.
La restitución en Bolívar y Sucre ya no solo mira hacia adelante, sino que se detiene a corregir el pasado, bajo la premisa de que no puede haber paz territorial sin una seguridad jurídica que incluya, ante todo, a los más vulnerables.
Además, te invitamos
a ver nuestro documental:
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
cartagena
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