Un integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) custodia en el centro penitenciario La Crisálida este viernes, en Los Teques, estado de Miranda. Foto: EFE/ Ronald Peña RLa reunión en Washington, lejos de aclarar el rumbo de la transición, ha expuesto una ambigüedad estratégica que parece caracterizar la actuación de Estados Unidos frente a la crisis del país.
Por una parte, mantiene contactos y expresa respaldo político hacia la figura principal de la oposición democrática venezolana. Por otra parte, el propio Trump ha destacado públicamente que su relación con quienes permanecen al frente del Ejecutivo venezolano es “inédita y sin fricciones”, subrayando que ese entendimiento facilita la continuidad operativa del Estado mientras se reorganiza el sector energético venezolano bajo la supervisión estadounidense.
El contraste es revelador. Mientras el presidente estadounidense reconoce el liderazgo político de Machado, también ha elogiado la cooperación con funcionarios del aparato estatal venezolano. Este doble registro de respaldo a la oposición democrática mientras se subraya el entendimiento con quienes controlan actualmente las instituciones del Estado ilustra la complejidad y, en cierta medida, la ambigüedad estratégica que rodea hoy el proceso venezolano.
El problema del equilibrio politico La pregunta que surge es inevitable: ¿puede realmente una transición política depender absolutamente de decisiones tomadas fuera del país?
La historia comparada sugiere que las transiciones duraderas no se construyen de esa manera. Por el contrario, suelen surgir cuando los actores nacionales con legitimidades distintas deciden negociar directamente un nuevo marco institucional.
El problema que enfrenta hoy Venezuela es, en esencia, un problema de equilibrio político. Por un lado, existe una oposición con una legitimidad democrática significativa en amplios sectores de la sociedad. Por otro, el aparato estatal conserva control sobre las instituciones fundamentales del poder: las fuerzas armadas, el sistema administrativo y buena parte de la estructura económica del país.
La negociación entre actores con diferentes formas de legitimidad El fin del apartheid en Sudáfrica ilustra este patrón. El proceso no se produjo mediante la derrota total de uno de los bandos, sino a través de una negociación compleja entre el presidente FW de Klerk y el liderazgo del movimiento antiapartheid encabezado por Nelson Mandela desde la prisión.
Ambos comprendieron que la alternativa a la negociación podía ser una confrontación prolongada y potencialmente violenta.
Algo similar ocurrió en España tras la muerte de Franco. La transición democrática no fue el resultado de una ruptura revolucionaria, sino de un proceso gradual impulsado por sectores reformistas del propio régimen, Adolfo Suárez respaldado institucionalmente por el rey Juan Carlos I.
La oposición democrática participó mediante acuerdos que permitieron construir un nuevo marco constitucional.
Chile es otro ejemplo relevante. El régimen militar encabezado por Augusto Pinochet terminó mediante un mecanismo institucional —el plebiscito de 1988— que abrió el camino a una transición negociada hacia la democracia.
Quizás el ejemplo más instructivo para comprender la situación venezolana sea el de Polonia a finales de los años ochenta. El régimen comunista enfrentaba una profunda crisis económica y una creciente presión social encabezada por el sindicato Solidaridad, liderado por Lech Wałęsa. Pese a esa inmensa presión, el gobierno aún conservaba el control del Estado.
El régimen era demasiado débil para gobernar indefinidamente, pero la oposición no tenía la capacidad de derribarlo por la fuerza. En ese contexto surgieron las negociaciones de la llamada Mesa Redonda de 1989, que produjeron un acuerdo histórico entre el gobierno y la oposición.
Estos procesos son conocidos en teoría política como una “transición pactada”. Politólogos como Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter utilizaron este concepto para explicar cómo muchos regímenes autoritarios terminaron transformándose mediante acuerdos entre sectores del poder existente y líderes de la oposición.
La lógica de estos pactos es sencilla, pero políticamente compleja. Los sectores del régimen aceptan abrir el sistema político y permitir reformas institucionales. La oposición, por su parte, acepta negociar con actores del antiguo sistema y ofrecer ciertas garantías sobre el futuro.
Aunque estos acuerdos suelen ser criticados por su carácter imperfecto, la historia demuestra que han sido fundamentales para evitar transiciones caóticas marcadas por confrontaciones violentas o colapsos institucionales.
Visto desde esta perspectiva, el caso venezolano presenta características similares. Por un lado, la oposición posee una legitimidad democrática representada por María Corina Machado. Por otro, el aparato estatal mantiene el control de las instituciones fundamentales del poder, donde figuras como Delcy Rodríguez desempeñan un papel central.
Este equilibrio sugiere que una transición estable requerirá un entendimiento entre actores que representan estas dos fuentes de legitimidad: la legitimidad democrática y el control institucional del Estado.
En este contexto, la ambigüedad que caracteriza hoy la actuación de Washington introduce un elemento adicional de incertidumbre. Cuando la transición de un país aparece excesivamente condicionada por decisiones externas, la negociación interna tiende a fragmentarse.
La experiencia histórica comparada indica que los acuerdos políticos más duraderos suelen surgir cuando los actores nacionales asumen directamente la responsabilidad del proceso.
Nacionalizar la transición Un entendimiento entre el liderazgo opositor representado por María Corina Machado y del poder estatal encabezado por Delcy Rodríguez podría trasladar el centro de gravedad de la transición al ámbito nacional y reducir el riesgo de un cambio caótico marcado por una confrontación permanente o intentos de revancha institucional.
Al mismo tiempo, un proceso de negociación interna de esta naturaleza podría generar reacciones difíciles de prevenir en el entorno internacional. Un acuerdo alcanzado de manera autónoma por los actores nacionales puede alterar los cálculos estratégicos de Washington. Sin embargo, nacionalizar la negociación no significa excluir a Estados Unidos. Más bien implica redefinir su papel. En lugar de dirigir el proceso, los actores externos pueden contribuir como facilitadores o garantías de acuerdos alcanzados entre las partes nacionales. Así ha sido en los ejemplos históricos señalados.
Un enfoque que privilegia acuerdos negociados entre actores venezolanos podría incluso resultar funcional para los intereses de estabilidad regional de Estados Unidos. Con Estados Unidos concentrando buena parte de su atención estratégica en conflictos de gran escala en otras regiones del mundo, reducir focos adicionales de tensión puede convertirse en un objetivo pragmático de política exterior.
La historia no ofrece recetas infalibles para resolver crisis políticas complejas. Pero sí deja una enseñanza constante: las transiciones duraderas no se importan desde el exterior. Casi siempre nacen de acuerdos entre quienes poseen distintas formas de legitimidad dentro del propio país.
En última instancia, Delcy Rodríguez y María Corina Machado deben considerar que la transición venezolana debe ser el resultado de un entendimiento entre venezolanos.
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