Todavía hoy, cuando estamos próximos a que se cumpla un mes de la aprobación de la falsa Ley de Amnistía, el goteo de las excarcelaciones continúa. Que aún estén en prisión un número incierto de ciudadanos inocentes -más de 500- no es una realidad inesperada: la ley fue diseñada para que su operatividad fuese caótica, arbitraria e ineficiente. Fue diseñado para que no funcione o funcione mal. Que los familiares de los supuestos beneficiarios de las medidas sean sometidos a extorsión por parte de los tribunales que están obligados a emitir órdenes de excarcelación, y que estas prácticas se realizan abierta e impunemente, es el resultado deseado de la red criminal que gobierna a Venezuela desde hace 27 años.
Que todavía no se dispone de una cifra precisa de cuántos venezolanos permanecen en las mazmorras del régimen -algunas de ellas clandestinas, totalmente desconocidas e ilegales- forma parte de las omisiones deliberadas de la ley. Que haya civiles sometidos a la jurisdicción militar, violando las leyes y el sentido común, carece para el alto mando del Cártel de los Soles y sus cómplices de relevancia alguna. Que, incluso, no se conozca el estado de salud de cada uno de los presos políticos, y todavía más, que no haya modo de saber si todos están vivos o hay uno o más de uno que ha sido asesinado -torturado o porque no se le prestó la atención médica que ordena la ley-, forma parte de la conducta previsible del narcopoder.
¿Por qué decidió volver aquí al tema de la falsa amnistía? Por la alarma que me ha producido leer información y hasta artículos de opinión en los que los hechos que he relacionado en los dos párrafos anteriores se presentan como fallos administrativos, ineficiencias del momento, como accidentes que interrumpieron el desenvolvimiento fluido de las buenas intenciones que motivaron la aprobación de la ley. Este artículo se propone desmentir tal interpretación de lo que la falsa amnistía significa.
La falsa amnistía es el narcorrégimen: es su naturaleza, su encarnación plena. Que sus dieciséis artículos sean un compendio de trampas, ocultamientos, exclusiones, engañifas, recurso para garantizar la impunidad de la cadena completa de torturadores, esbirros y cómplices de delitos de violación de los derechos humanos no es accidental, ni el producto de la impericia de unos incompetentes.
En la torcedura estructural de la Ley de Amnistía, en el mal que ella escenifica, están las seis premisas que son los factores constitutivos del narcorrégimen. Veamos.
El primero y más protuberante: el régimen quiere mantener vivo su deseo primordial de víctimas. Necesita renovar en cada oportunidad su capacidad para causar sufrimiento, doblar el ánimo, la resistencia de la ciudadanía sometida. En eso consiste su razón de ser: en aplastar a cada venezolano y someterlo.
Pero el objetivo de humillar a personas y familias no está aislado de la estruendosa y sostenida carcajada -y esta es la segunda premisa-, que es la carcajada de la impunidad: la exhibición de la impunidad que, en este caso adquiere proporciones grotescas: en un proyecto de ley que forma parte del deseo desesperado de miles y miles de familias -las familias de los presos políticos, de los exiliados, de los perseguidos judicialmente, de los que viven en la clandestinidad-. Los redactores colaron un artículo para asegurarse de que no serán castigados por violar los derechos humanos. Tras la amnistía se oculta el propósito de impunidad.
También la Ley de Amnistía le ha servido al narcopoder para repetir una sus prácticas predilectas -y esta es la tercera premisa-, que es la de convertir hechos y decisiones deleznables -como todo lo que hay de tramposo en dicha ley-, en propaganda, promesas vacías, discursos que, en realidad, son falaces y falsos.
El cuarto factor en este desentrañamiento es que la Ley de Amnistía ratifica, reconoce y mantiene intacta la estructura del narcopoder: una cabeza -Maduro y su séquito más inmediato-, a la que reportan unidades mafiosas que se han repartido el país. ¿Y cómo la ratifica? Respetando el control que cada uno tiene sobre ciertos presos. Como ha sido denunciado y analizado en días recientes, cada preso político tiene un dueño. Son ciudadanos a los que han capturado y secuestrado por orden de alguno de los civiles o militares miembros del cártel, como venganza personal, para extorsionar a la familia, para quitarle su vivienda o su empresa, para complacer a algún amigo de la dictadura. Los procedimientos y zancadillas legales que contiene la ley existen para que los dueños de los presos lo sigan siendo, todo cuanto sea posible.
La quinta materia, ya sugerida líneas atrás, se refiere a la indefensión de familias, amigos y abogados ante la red de funcionarios chavistas. Carecen de protección, así que son secuestrados y llevados a tribunales si se atreven a denunciar las amenazas, las extorsiones, las agresiones de las que son objeto por parte de los narcofuncionarios de la dictadura. La Ley de Amnistía ratifica la intemperie, la indefensión de los ciudadanos ante el régimen: convierte al universo afectivo y profesional alrededor de los presos políticos en coto de caza para los extorsionadores.
Por último, la falsa amnistía cumple siniestras metas políticas, ajenas a las cuestiones esenciales como reconciliación, diálogo, tolerancia o justicia, que deben prevalecer en las iniciativas de su tipo. Lo que realmente se propone es ganar tiempo, simular una disposición de la que carece, se propone sembrar de ilusiones a los propios presos, alentar las discrepancias entre los demócratas, simular que el régimen ha comenzado a cambiar.
Estos seis son parte de los elementos que constituyen el marco moral de la dictadura que mantiene el poder en Venezuela.