Las sociedades no colapsan de un día para otro. Se van deteriorando como una casa donde nadie revisa las tuberías. Al principio el agua sale clara, el sistema parece funcionar y nadie piensa demasiado en lo que ocurre detrás de las paredes. Pero con el tiempo el metal se oxida, las conexiones se aflojan, los conductos se llenan de sedimentos invisibles. Un día alguien abre el grifo y el agua sale turbia. Entonces se entiende algo elemental: el problema no era el agua, era el sistema por donde circulaba. Esa imagen doméstica, casi trivial, ayuda a explicar uno de los dilemas más profundos que enfrenta hoy Venezuela. Cambiar a quienes ocupan el poder puede ser necesario, incluso urgente, pero si el sistema institucional sigue corroído, el resultado terminará contaminándose otra vez. La democracia no es solamente la voluntad popular; es también la red de instituciones que permite que esa voluntad llegue limpia hasta el ejercicio real del poder.
Durante años Venezuela vivió un proceso de degradación institucional que no fue arrepentido ni accidental. Fue lento, sistemático y profundamente corrosivo. Las reglas que debían garantizar el equilibrio entre los poderes del Estado se fueron debilitando hasta convertirse en simples formalidades. Los tribunales dejaron de ser árbitros para convertirse en instrumentos, las elecciones dejaron de ser competencia para transformarse en rituales controlados, y la Constitución —que debía funcionar como límite al poder— terminó reinterpretada según las necesidades del momento político. Ese deterioro no destruyó solamente normas jurídicas; También erosionó algo más difícil de reparar: la confianza de la sociedad en la idea misma de la ley. Cuando la ley se vuelve irrelevante, el daño no se queda en el plano institucional; penetra en la cultura cívica, en la forma en que los ciudadanos perciben la justicia, la autoridad y la posibilidad de convivir bajo reglas compartidas. Esa degradación termina filtrándose en la vida cotidiana, de la manera en que la gente se relaciona con el poder, con las normas y con los demás.
Lo sé también desde la experiencia personal del exilio. Aquí en Chile, donde vivo forzadamente desde hace años como consecuencia de la persecución política desatada por grupos criminales que terminaron secuestrando las instituciones del Estado venezolano, se honra con justicia a Andrés Bello como una de las grandes columnas intelectuales de la república. Su idea de la ley -serena, racional, profundamente civilizadora- no es un adorno retórico en los libros de historia: se estudia con rigor en las facultades de derecho y se respira en la cultura cívica del país. Bello entendía que la ley no es una herramienta del poder sino el lenguaje común de la convivencia. Cuando ese lenguaje se rompe, la sociedad entera pierde su brújula moral. Por eso la erosión de la legalidad nunca es un fenómeno abstracto: es una herida que termina afectando la conciencia colectiva de una nación.
En ese contexto se entiende mejor uno de los momentos más intensos de la resistencia democrática venezolana: el proceso iniciado con el mandato ciudadano del 16 de julio de 2017. Aquella jornada representó un intento serio de reactivar la legitimidad constitucional en medio de una crisis institucional profunda. Millones de venezolanos participaron con la esperanza de que aún era posible reconstruir el Estado de derecho desde los propios mecanismos de la Constitución. De ese proceso surgió, entre otras decisiones, la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por parte de la Asamblea Nacional. Aquella designación tenía un significado político y jurídico evidente: intentar restituir la independencia del Poder Judicial frente a una estructura que había sido capturada por el poder político.
Pero lo que siguió después revelado hasta qué punto el sistema institucional venezolano había sido distorsionado. Muchos de aquellos magistrados juramentados en la accidentada mañana del 28 de julio de 2017 fuimos perseguidos, detenidos o empujados al exilio. En lugar de permitir la restauración de la legalidad, el aparato del Estado reaccionó con toda su capacidad de presión. El mensaje fue brutalmente claro: cualquier intento de reconstruir la institucionalidad sería castigado. Sin embargo, lo que también dejó al descubierto ese episodio fue algo más complejo y doloroso: la fragilidad del respaldo político que acompañó esa decisión histórica. Algunos de quienes levantaron la mano para designar magistrados no estuvieron presentes cuando llegó el momento de defenderlos. Ese vacío no es solamente una anécdota política; es una lección sobre el peso de las responsabilidades públicas. No se puede convocar a un país a una lucha institucional sin asumir las consecuencias de esa convocatoria.
La política venezolana reciente está llena de episodios donde la esperanza colectiva se encontró con la fragilidad del liderazgo. Ese contraste ha producido frustración, cansancio y una sensación de desorientación en amplios sectores de la sociedad. Pero incluso en medio de ese desgaste, la voluntad democrática de los venezolanos ha demostrado una persistencia notable. Esa persistencia se manifestó con claridad en otro momento que ya forma parte del calendario político contemporáneo del país: el 28 de julio, cuando millones de ciudadanos acudieron a votar en condiciones adversas y con la conciencia de que estaban participando en un acto que trascendía la simple competencia electoral. Más de 7 millones de venezolanos expresaron allí un rechazo nítido a un sistema que consideran agotado y autoritario. La elección de Edmundo González Urrutia fue interpretada por muchos como una señal de que el país todavía conserva una reserva moral capaz de impulsar un cambio político real.
Ese momento tiene una dimensión simbólica que no debería ser subestimada. Las sociedades necesitan actos fundacionales que reafirmen su voluntad de existir como comunidad política. Sin embargo, también es necesario entender que esos momentos fundacionales no sustituyen el trabajo estructural que requiere la reconstrucción de un Estado. Las elecciones son el lenguaje natural de la democracia, pero no son su arquitectura. La arquitectura está formada por las instituciones, las normas y los equilibrios que permiten que la voluntad popular se transforme en gobierno legítimo.
Por eso resulta importante comprender que incluso ciertos movimientos diplomáticos recientes deben ser interpretados con prudencia histórica. El reciente reconocimiento de Estados Unidos a Delcy Rodríguez como interlocutora institucional no representa el final del camino político venezolano ni puede interpretarse como una legitimación definitiva del sistema que ha gobernado al país durante los últimos años. Mucho menos significa que corresponde a quienes han formado parte de ese entramado autoritario organizar el cierre del ciclo democrático mediante elecciones controladas para luego entregar el poder como si se tratara de una transición natural. Los crímenes políticos, la destrucción institucional y el deterioro del Estado no pueden tener como desenlace una simple administración electoral del final del régimen. La responsabilidad de la diplomacia democrática venezolana -y particularmente de quienes representan a la Asamblea Nacional Legítima en materia de política exterior- consiste en explicar con claridad a la comunidad internacional que Venezuela ya cuenta con un presidente electo. El obligatorio ciudadano existe y debe ser reconocido. Una vez que el país logra desmontar el aparato de control que ha distorsionado el sistema institucional, el orden político deberá reencauzarse por los canales constitucionales. Ese camino no debería tener ambigüedades: la transferencia del poder, sin dilataciones ni maniobras, al presidente electo Edmundo González Urrutia para que encabece la transición democrática y conduzca la reconstrucción institucional del país.
La metáfora de las cañerías puede parecer demasiado directa, incluso áspera. Pero tal vez esa franqueza sea precisamente lo que necesita una sociedad que haya vivido demasiados años rodeada de discursos grandilocuentes y soluciones improvisadas. A veces la política necesita volver a las imágenes simples para recordar verdades básicas. Si los habitantes de una casa quieren disfrutar de agua limpia, tarde o temprano tendrán que cambiar las tuberías. No hay atajos para ese trabajo.
Algo parecido podría ocurrir con Venezuela. Si la sociedad decide limpiar y reconstruir sus conductos institucionales, el país finalmente podría dejar atrás décadas de deterioro político y comenzar a entrar de verdad en el siglo XXI. Entonces el poder democrático podría circular con normalidad, como agua limpia que atraviesa cañerías nuevas, llevando estabilidad, dignidad y futuro a cada rincón de la república.