Puntos clave
El plan financiero de Colombia presupuesta el Brent en 59,20 dólares, mientras que el barril se cotiza cerca de 90 dólares, creando una ganancia inesperada que, según los críticos, socava el argumento a favor de un impuesto de emergencia sobre el patrimonio de 8.000 millones de dólares para 15.000 empresas.
El primer pago del nuevo impuesto al patrimonio empresarial vence el 1 de abril, con tipos del 0,5% para la mayoría de las empresas y del 1,6% para los sectores financiero y extractivo.
Anif advierte que el plan del Gobierno para recortar el déficit fiscal en 1,3 puntos porcentuales del PIB carece de un mecanismo creíble de reducción del gasto
El gobierno de Colombia está simultáneamente recaudando una ganancia inesperada del petróleo e imponiendo un impuesto de emergencia a la riqueza al sector privado, creando lo que los analistas llaman una “bipolaridad fiscal” que amenaza con socavar el clima de inversión justo cuando la economía muestra signos de recuperación. El plan financiero para 2026 supone un precio Brent de 59,20 dólares por barril, sin embargo, el conflicto en Medio Oriente ha elevado los precios reales del crudo aproximadamente 30 dólares por encima de ese objetivo, generando miles de millones en ingresos inesperados, incluso cuando la administración de Petro sigue adelante con un impuesto sobre el patrimonio corporativo de COP$8 billones (USD1.800 millones). Esto es parte de la cobertura integral de The Rio Times sobre los mercados financieros y los desarrollos económicos de América Latina.
Impuesto a la riqueza en Colombia suscita debate constitucional El impuesto, creado mediante el Decreto 0173 en febrero en virtud de poderes económicos de emergencia provocados por las devastadoras inundaciones en Córdoba y otros siete departamentos del Caribe, se aplica a todas las empresas con activos netos superiores a COP$ 10.470 millones (USD 2,4 millones). Los sectores financiero y minero-energético enfrentan una tasa del 1,6%, mientras que otras industrias pagan el 0,5%. Unas 15.000 empresas se ven afectadas, la primera mitad vence el 1 de abril y el resto el 4 de mayo. Los expertos en impuestos han cuestionado la legalidad del mecanismo: el impuesto se calcula sobre el patrimonio neto al 1 de marzo de 2026, en lugar de sobre los resultados del año fiscal anterior, rompiendo lo que el ex viceministro de Finanzas Juan Alberto Londoo llamó un principio constitucional fundamental de certeza fiscal.
La contradicción fiscal de Colombia: las ganancias extraordinarias del petróleo se combinan con un nuevo impuesto a la riqueza. (Foto reproducción de Internet) La federación empresarial Andi advirtió que algunos sectores podrían enfrentar cargas efectivas superiores al 80% cuando el impuesto sobre el patrimonio se acumula sobre una tasa de ingresos corporativos del 35% más recargos que empujan a las empresas financieras y extractivas a superar el 40%. El ex ministro de Finanzas, José Antonio Ocampo, señaló que históricamente el impuesto a la riqueza se ha aplicado a individuos, no a empresas, y advirtió que el gobierno probablemente esté subestimando el gasto, lo que significa que el déficit fiscal real superará las proyecciones.
Los objetivos de déficit carecen de una hoja de ruta creíble El plan financiero proyecta que el déficit se reducirá del 6,4% del PIB en 2025 al 5,1% en 2026, una corrección de 1,3 puntos que el presidente de Anif, José Ignacio López, calificó de “deseable pero poco clara”. Desde 1906, Colombia ha logrado esa magnitud de ajuste sólo cinco veces. La jefa macroeconómica de Anif, Valentina Guio, señaló que el gasto primario tendría que caer aproximadamente COP$25 billones ($5,7 mil millones), en parte debido a la reducción de los ingresos de una ley de financiamiento que ya fue declarada parcialmente inconstitucional y en parte por la restricción del gasto que el gobierno aún no ha especificado.
El propio gobierno revisó su pronóstico de inflación del 3,2% al 5,8% y recortó el crecimiento del 3% al 2,6%, lo que implica tasas de interés más altas por más tiempo. Fedesarrollo advirtió que la carga tributaria adicional frenará la inversión y el empleo. Y como ha seguido The Rio Times, la Federación de Departamentos ha identificado COP$6 billones (1.400 millones de dólares) en fondos de regalías intactos que podrían financiar la emergencia sin el impuesto a la riqueza, una alternativa que el gobierno hasta ahora se ha negado a implementar.
El problema de las señales de inversión Anif advirtió que gravar el patrimonio corporativo reduce los retornos de inversión esperados y envía una señal negativa al capital internacional. El grupo de expertos citó un precedente de 2011, cuando un impuesto de emergencia similar aumentó considerablemente los costos de endeudamiento y redujo el gasto de capital de las empresas afectadas. El ex director de la Dian, Jairo Villabona, agregó que la tasa corporativa promedio efectiva de Colombia fue del 20,5% en 2024, no el 35% general, una brecha creada por exenciones que hacen que el sistema sea desigual en lugar de pesado. Para el gobierno, las inundaciones devastaron 61 municipios y destruyeron más de 4.100 viviendas, y el fondo de contingencia presupuestaria ya estaba comprometido. Para el sector privado, la pregunta es si un impuesto de emergencia único se mantiene como una sola vez o se convierte en otra capa de un código que ya desalienta la formación de capital que Colombia necesita.