Un tribunal federal estadounidense abrió una nueva fase procesal en un caso que involucra a entidades estatales venezolanas. Foto: ArchivoUn tribunal federal estadounidense abrió una nueva fase procesal en un caso que involucra a entidades estatales venezolanas, luego de que el gobierno de Estados Unidos comunicó cambios en su posición sobre la representación legal del Estado venezolano.
La jueza magistrada Sarah Netburn emitió el jueves una orden en la que instruye a las partes a presentar nuevos argumentos ante la corte, con el objetivo de aclarar quién tiene autoridad para actuar jurídicamente en nombre de las instituciones venezolanas implicadas en el litigio.
La decisión responde a una notificación reciente presentada por el Departamento de Justicia, en la que Washington informó al tribunal sobre modificaciones en el contexto político que rodea el caso. En particular, el gobierno estadounidense señaló que ha anunciado la normalización de las relaciones con Venezuela bajo una administración encabezada por Delcy Rodríguez.
Según la comunicación oficial, este cambio altera las condiciones existentes cuando se inició el proceso judicial, lo que obliga a revisar qué representantes legales pueden intervenir en nombre del Estado venezolano ante el tribunal.
Nuevos escritos solicitados por la corteAnte este escenario, la magistrada ordenó a los equipos jurídicos involucrados –entre ellos la firma internacional White & Case– presentar informes adicionales centrados en el tema de la “autoridad para representar” a las entidades venezolanas.
La orden establece varios requisitos para estas presentaciones:
Los documentos no deberán exceder cinco páginas.Deberán incluir cualquier hecho reciente relevante para la evaluación del tribunal.Tendrán que entregarse antes del 26 de marzo de 2026.Caso con impacto sobre activos venezolanosEl procedimiento se desarrolla dentro del expediente federal Stansell v. FARC, un caso complejo que durante años ha involucrado disputas sobre responsabilidades y activos vinculados a instituciones del Estado venezolano en Estados Unidos.
La definición sobre quién posee legitimidad para representar al Estado en este tipo de procesos es un aspecto clave dentro del sistema judicial estadounidense. Dependiendo de la decisión que adopte el tribunal, podrían generarse efectos en otros litigios relacionados con bienes, reclamaciones judiciales o procedimientos en curso que involucran a entidades controladas desde Caracas.
Una vez recibidos los nuevos escritos de las partes, la corte analizará los argumentos antes de determinar qué representación legal será reconocida oficialmente en el proceso.
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