Citgo compró un cargamento de aproximadamente 500.000 barriles de crudo pesado venezolano, con entrega prevista para febrero| FotoArchivoEn una importante victoria procesal para una coalición de ejecutivos petroleros, líderes sindicales y periodistas venezolanos en el exilio, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware ha avanzado formalmente su demanda multimillonaria por derechos civiles y crimen organizado contra CITGO Holding, Inc.
La jueza de distrito de EE UU Jennifer L. Hall emitió hoy una Orden Oral remitiendo el litigio de alto riesgo Freites et al. contra CITGO Holding, Inc. (Caso No. 1:23-cv-00989-JLH-LDH) a la jueza magistrada de EE UU Laura D. Hatcher, para conocer y resolver todos los asuntos previos al juicio, hasta e incluyendo la resolución de mociones dispositivas —aquellas que determinan el resultado del caso.
Para los demandantes —quienes recientemente presentaron una Tercera Demanda Enmendada alegando violaciones a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influidas por la Extorsión (RICO, por sus siglas en inglés) y la Ley de Reclamaciones por Agravios contra Extranjeros (ATS)— esta remisión representa un nuevo impulso procesal. El nombramiento de una jueza magistrada exclusiva garantiza que las procesamiento de manipulación de testigos, lavado de dinero y abusos a los derechos humanos recibirán un escrutinio judicial riguroso.
La demanda alega que CITGO y su empresa matriz, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), operaron como una empresa criminal transnacional que saqueó el fondo de pensiones de los trabajadores (el “Fideicomiso” o “Nest Egg”) para financiar esfuerzos de cabildeo político en Estados Unidos, incluyendo un contrato de $50 millones con el excongresista estadounidense David Rivera. Asimismo, la demanda sostiene que en mayo de 2024 operadores vinculados a CITGO orquestaron la denominada “Filtración de Delaware” (Delaware Leak), revelando ilegalmente y de forma pública (doxing) las identidades selladas de los demandantes para exponerlos a represalias por parte del régimen venezolano y del sindicato criminal transnacional Tren de Aragua.
Crecientes complicaciones para PDVSA y Horacio MedinaLa decisión del tribunal de pasar el caso a la fase activa de gestión previa al juicio crea complicaciones legales inmediatas para PDVSA, CITGO y Horacio Medina, presidente de la Junta Ad-Hoc de PDVSA.
Durante meses, Medina y la Junta Ad-Hoc han intentado asegurar una desestimación de los reclamos de los demandantes. Bajo la gestión de Medina, la Junta Ad-Hoc ha alegado repetidamente “insolvencia financiera” con respecto a las deudas de “súper prioridad” adeudadas a trabajadores despedidos, mientras simultáneamente valora a CITGO en hasta $40.000 millones en procedimientos federales paralelos.
Al no lograr una desestimación inmediata, Medina y los ejecutivos de CITGO se enfrentan ahora al proceso federal de descubrimiento de pruebas, supervisado por la jueza magistrada Hatcher. Esta fase podría obligar a PDVSA y CITGO a abrir sus libros contables internos, exponiendo potencialmente los canales financieros entre CITGO, organizaciones sin fines de lucro con sede en Estados Unidos como la Fundación Simón Bolívar, y los operadores acusados de orquestar la “Filtración de Delaware” de 2024.
Declaración de los demandantes“Esta Orden marca el fin de los intentos de CITGO y PDVSA de barrer su complicidad bajo la alfombra”, declaró Jorge Alejandro Rodríguez, demandante principal que actúa en nombre de la coalición, desde su exilio en Suecia. “Horacio Medina y la Junta Ad-Hoc esperaban poder silenciarnos con la ‘Filtración de Delaware’ y enterrar este caso a base de retrasos procesales. En su lugar, ahora se enfrentará a una jueza magistrada federal que supervisará procesos de transparencia, descubrimiento de pruebas y rendición de cuentas”.
“Los directivos corporativos que autorizaron el financiamiento de nuestra persecución ya no pueden esconderse detrás de velos corporativos o campañas de relaciones públicas”, agregó Rodríguez. “Estamos preparados para seguir el rastro del dinero, exponer la corrupción y asegurar que se haga justicia para los miles de trabajadores y familias venezolanas cuyas vidas y ahorros fueron destruidos”.
Con el caso ahora bajo la supervisión activa de la jueza magistrada Hatcher, los demandantes —que incluyen a Jorge Alejandro Rodríguez, el líder sindical petrolero Iván R. Freites y varios extrabajadores y contratistas de PDVSA— se preparan para avanzar con sus reclamos.
Sobre el casoFreites, et al. contra CITGO Holding, Inc. (Caso No. 1:23-cv-00989-JLH-LDH) se encuentra actualmente pendiente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware. Los demandantes buscan más de $587millones en daños compensatorios, punitivos y triplicados (daños triples) por presuntas violaciones a la Ley RICO, la Ley de Reclamaciones por Agravios contra Extranjeros (ATS) y las leyes de responsabilidad civil del estado de Delaware, derivadas de décadas de persecución política, incautación de activos e intimidación de testigos.
Venezuelapolítica