Una disputa sobre el suministro de medicamentos abortivos se ha convertido en una batalla constitucional más amplia sobre si el gobierno de Argentina está respetando la ley de aborto de 2020 del país.
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata instruyó al gobierno, a través del Ministerio de Salud que preside Mario Lugones, dar a conocer una iniciativa colectiva amparo – un mecanismo legal en Argentina que permite a individuos o grupos buscar protección judicial urgente de derechos constitucionales – buscando garantizar el acceso al aborto.
La asociación civil La Ciega alega que el Estado no adquirió suficientes suministros de misoprostol y mifepristona, menoscabando el cumplimiento de la Ley 27.610, Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La ley del aborto de Argentina, aprobada en diciembre de 2020, garantiza el acceso al aborto hasta la semana 14 de embarazo dentro de los sistemas de salud públicos y privados, y más allá de ese punto en casos de violación o riesgo para la salud de la persona embarazada.
En un aviso publicado en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud confirmó esta semana la existencia del caso. Tras la presentación, en la que el grupo de derechos humanos Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) actúa como asesor legal, el gobierno abrió una ventana de 30 días para invitar a “mujeres embarazadas y organizaciones” a unirse al colectivo. amparo destinado a garantizar el acceso a los servicios de aborto.
El CELS dijo que cualquier persona cuyo acceso a la interrupción voluntaria del embarazo se haya visto afectado “por cualquier tipo de obstáculo o falta de insumos” podrá sumarse al proceso.
La Ciega presentó lo que calificó como un reclamo colectivo preventivo, argumentando que la administración del presidente Javier Milei no ha cumplido con los trámites administrativos necesarios para la compra y distribución de misoprostol y mifepristona.
Ambos medicamentos son recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como estándar para un aborto con medicamentos seguro.
Según la denuncia, la escasez en el sistema de salud pública equivale a una violación directa de los derechos reproductivos y causa un “daño irreparable” a quienes dependen de los hospitales estatales.
El caso es de naturaleza colectiva porque no afecta a un solo individuo sino a todas las personas embarazadas que dependen del sistema público para acceder a un aborto legal.
El gobierno nacional de Argentina cuestionó la admisibilidad del amparo. Sin embargo, la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la posición de La Ciega de interponer el reclamo en nombre de los grupos afectados.
El acceso a los medicamentos abortivos varía según la provincia. En algunos distritos, las organizaciones feministas advierten que la escasez actúa en la práctica como una forma de vaciar la ley, empujando a las mujeres hacia proveedores clandestinos. Los activistas también han informado de problemas persistentes de desinformación y barreras burocráticas dentro de partes del sistema de salud.
El resultado del caso podría determinar si el Estado está obligado a garantizar la adquisición y distribución a nivel nacional de medicamentos abortivos, un pilar central de la reforma de 2020.