Los venezolanos con TPS, permanecen con incertidumbre tras los cambios en las políticas migratorias. Foto: ArchivoDurante años, Estados Unidos fue para miles de venezolanos una promesa de estabilidad. Trabajo, protección legal y la posibilidad de reconstruir una vida lejos de la crisis. Hoy, para muchos, esa promesa se ha convertido en una espera incierta entre centros de detención, procesos migratorios y decisiones administrativas que pueden cambiarlo todo.
“Primero fue un delito de tránsito. Segundo, yo pagué los dos días que la ley corresponde. Y tercero, ellos me agarraron estando con un TPS vigente”, relata Carla López, migrante venezolana que vivió un proceso de detención y deportación tras ser interceptada por la policía en Estados Unidos.
Su caso no está aislado. Forma parte de una realidad compleja que viven miles de venezolanos en el sistema migratorio estadounidense.
Un profesional que migró por razones políticas y personales.López no corresponde al perfil estereotipado de migrante vulnerable. Es politóloga, investigadora universitaria y proviene de una familia vinculada a la política opositora venezolana.
“Soy politóloga de profesión, hija de políticos, con formación en ordenamiento territorial y desarrollo. Tengo un perfil profesional para trabajar en mi país”, subrayó.
Su salida de Venezuela estuvo marcada por el deterioro institucional y la inseguridad política, y eso la llevó primero a Chile y luego a Estados Unidos, donde ingresó de manera legal buscando estabilidad y oportunidades laborales.
“Yo no me fui por aventura. Me fui porque la situación era cada vez más compleja y porque tenía cómo construir una vida profesional afuera”.
Una comunidad en crecimiento y en incertidumbre.En la última década, la migración venezolana a Estados Unidos ha crecido aceleradamente. De acuerdo con una encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de EE UU, para 2024 se estimaba que alrededor de un millón de venezolanos residían en ese país, una de las diásporas de mayor crecimiento reciente.
Muchos llegaron con protección legal temporal. Solo el Estatus de Protección Temporal (TPS) amparaba a más de 600.000 venezolanos en 2025, permitiéndoles trabajar y evitar la deportación.
Sin embargo, tras la llegada de Donald Trump nuevamente al poder, los cambios en políticas migratorias, la cancelación o revisión de programas y la discrecionalidad en su aplicación han incrementado la sensación de vulnerabilidad.
“Hay gente que tenía papeles, permiso de trabajo, todo. Y aún así terminaron detenidos”, dice López.
Detención y proceso migratorioLa historia de la venezolana con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), comenzó con una infracción vial. Según su relato, la policía la detuvo por “manejar de manera irregular”. Su licencia estaba suspendida, pero contaba con identificación estatal y TPS vigente.
“Yo dije: esto es una infracción de tránsito. Nada tiene que ver con migración”, cuenta.
Pero fue trasladada a una cárcel y permaneció más de 27 horas sin información clara sobre su situación. Luego supo que existía una orden de retención migratoria.
“Me dijeron: tienes una fianza, pero lamentablemente ICE tiene un ‘holding’ para ti. Y eso no te va a permitir salir”.
Lo que siguió fue un recorrido por cárceles locales, centros de detención y traslados interestatales. Permaneció días mezclada con presos comunes, en condiciones que describen como precarias.
“Nadie revisa qué viene, cómo te trata o si estás enfermo. Ahí empiezan los abusos”, afirma.
El peso de las decisiones administrativas.La historia también evidencia un punto clave del sistema migratorio: la diferencia entre decisiones judiciales y administrativas.
López asegura que incluso cuando un juez le otorgó beneficios o salidas, las autoridades migratorias tomaron decisiones distintas.
“Yo pedí salida voluntaria. Me la otorgó el juez. Pero igual me montaron en un avión de deportación”.
Su traslado se realizó con esposas y cadenas durante horas de vuelo.
“Volamos siete horas con cadenas en los pies y la cintura. Fue complejo, muy duro”, relata.
Entre políticas y realidades humanasLos venezolanos han sido especialmente impactados por los cambios recientes en programas migratorios.
El TPS, creado para proteger a personas de países en crisis, el endurecimiento de controles migratorios y la eliminación de programas humanitarios han generado temor en comunidades que dependían de estas para trabajar legalmente.
“Hay gente que siente que ya no importa lo que tengas: papeles, permisos, procesos. Todo puede cambiar”, asegura la joven. “Casi todas las solicitudes son negadas… ya no entiendo ni qué hace un juez, si ICE determina todo”.
Cuestiona la discrecionalidad en algunos casos: “Vale más la palabra del Estado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es el que se encarga de dar la última palabra”.
Una vida interrumpidaAntes de su detención, la venezolana trabajaba en logística y servicios, incluso para empresas vinculadas a comercio electrónico. Había construido una rutina y estabilidad económica.
“Yo tenía mi vida establecida, trabajo, aviones, todo”.
Su deportación significó empezar de cero en Venezuela, país adonde regresó el 2 de febrero después de años fuera.
“Reinsertarse es difícil. Todo funciona distinto. Hay cosas que ya no tienen sentido para mí”, explica.
El dilema migratorioEl caso refleja una tensión mayor: la distancia entre el marco legal y la experiencia cotidiana de los migrantes.
Mientras las políticas buscan controlar los flujos migratorios, las historias individuales muestran trayectorias de trabajo, integración y, a veces, detenciones inesperadas.
“Las migraciones siempre son buenas si son controladas. Pero no puedes pasar por encima de cualquiera. Hay derechos humanos”, sostiene López.
Su relato resume el sentimiento de muchos venezolanos: vivir entre la esperanza y la incertidumbre.
“Uno ya no sabe para dónde ir ni quién lo va a ayudar”, expresó.
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