El Comité por la Liberación de los Presos Políticos acompañó a los jóvenes | Foto: Ezequiel Carías / El NacionalUna sociedad que retoma las calles, mientras el poder busca consolidar la estabilidad sin apertura política
Esta semana el país se desbordó en las calles con los estudiantes al frente, recordándonos las grandes protestas de 2012, 2013, 2014, 2017 y 2019. Mi corazón exiliado latió fuerte mirando las fotos porque, entre la amenaza de impunidad que encierra la Ley de Amnistía y la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos, gestadas ambas al margen de la sociedad civil, caminamos hacia una estabilidad sin democracia.
Una Asamblea tan ilegítima como el gobierno de la señora Delcy —tutelada por Trump— escribe en blanco y negro un futuro que deberá ser tricolor y los venezolanos no podemos limitarnos a mirar como testigos de palo. Ya comienzan a alzarse algunas voces de alerta.
Diversas organizaciones y especialistas advierten sobre los riesgos de este nuevo marco político-legal. En relación con el proyecto de amnistía aún en discusión, el Foro Penal ha señalado que cualquier instrumento de este tipo que no esté acompañado de mecanismos de verdad, justicia y reparación puede traducirse en una institucionalización de la impunidad, al borrar responsabilidades por violaciones de derechos humanos y debilitar aún más la ya precaria confianza en el sistema judicial. En sus pronunciamientos recientes, la organización ha insistido en que el país necesita garantías de no repetición y no un simple cierre administrativo de los expedientes.
En la misma línea, el Instituto Casla, dirigido por Tamara Suju, ha advertido que los patrones de represión documentados en el país siguen bajo escrutinio internacional y que cualquier intento de amnistía o cierre político no puede extenderse a crímenes de lesa humanidad, cuya investigación trasciende las fronteras nacionales.
En el plano económico, tras la aprobación y entrada en vigencia el 29 de enero de 2026 de la reforma de la Ley de Hidrocarburos, el economista Ricardo Hausmann ha alertado sobre el riesgo de avanzar en cambios estructurales, sin legitimidad política ni controles republicanos efectivos. A su juicio, rediseñar el sector petrolero sin participación de la sociedad civil ni un marco institucional creíble compromete tanto la sostenibilidad de las inversiones como la posibilidad de que la renta petrolera se traduzca en bienestar colectivo.
A estas advertencias se suman las de exgerentes de Pdvsa y especialistas del sector, quienes han cuestionado que una reforma de tal envergadura se haya tramitado sin debate público amplio ni acceso suficiente a información técnica. Coinciden en que la ausencia de transparencia y de mecanismos independientes de supervisión aumentan el riesgo de opacidad en la gestión de los recursos y de que se consolida un esquema sin rendición de cuentas claras ante la ciudadanía.
Desde las ciencias sociales, la historiadora Margarita López Maya apunta con claridad meridiana que el país no atraviesa una transición, sino una “evolución dentro de la situación”, marcada por la persistencia de un gobierno de facto y por un escenario político tutelado, donde la apertura económica podría coexistir con la continuidad autoritaria.
En el nuevo clima geopolítico se ha instalado un lenguaje pragmático: se habla de gobernabilidad, de incentivos, de reinserción en circuitos económicos. Sin embargo, la política no es solo administración de lo posible; es también imaginación de lo deseable. Y lo deseable, para una sociedad empobrecida y exhausta, no puede reducirse a la mera ausencia de sobresaltos. La paz sin democracia es apenas un armisticio prolongado.
Por eso las marchas son tan importantes. Constituyen un recordatorio de que la sociedad venezolana no ha renunciado a pensarse a sí misma como sujeto político. Además, interpelan al liderazgo de la oposición. El país ha vivido suficientes ciclos de movilización y repliegue como para saber que la energía social puede diluirse, si no encuentra cauces organizativos y objetivos claros.
En este contexto, el liderazgo de María Corina, más allá de simpatías o reservas, se ha convertido en un punto de referencia que no puede ser ignorado. Su figura emerge como un foco de articulación en un campo oponente históricamente fragmentado.
También resulta decisivo el papel de la Iglesia, con voces críticas como la de monseñor Baltazar Porras y la presencia constante en las redes de los familiares de los presos políticos, cuya lucha mantiene viva la dimensión ética y humana de esta crisis.
El principal dique de contención, sin embargo, sigue estando en el ámbito militar. La energía social, por sí sola, no altera las ecuaciones de poder, si no logra traducirse en fracturas dentro de las élites que han apuntalado la permanencia del régimen.
De modo que el país parece moverse en una paradoja: una sociedad que vuelve a activarse, una élite gobernante que busca consolidar cierta estabilidad sin apertura política plena y unos factores de poder —internos y externos— que administran el ritmo de los cambios. En ese cruce se define el presente.
A cada uno su papel. Que el mundo se entere: los venezolanos, estemos donde estemos, nos resistimos a dejar de ser ciudadanos. Y en esa obstinación —frágil, intermitente, pero irreductible— late la posibilidad de que el porvenir se pinte, otra vez, de color esperanza.