SEMANA. En varios operativos desarrollados en una semana en el departamento del Beni se registró el secuestro de 16 aviones vinculados al narcotráfico, sustancias controladas, gasolina de aviación y un daño económico de 17,7 millones de dólares al delito transnacional.
El Mundo/ANF
En diferentes operativos ejecutados en Beni entre el 5 y 12 de febrero se logró el secuestro de 16 aviones vinculados al narcotráfico; además, del decomisó de combustible de aviación y cinco personas aprehendidas.
El comandante de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) Beni, Sandro Peñarrieta Flores, informó que las intervenciones fueron coordinadas bajo dirección funcional del Ministerio Público y estuvieron enfocadas en debilitar la estructura aérea empleada para el traslado de sustancias controladas.
El mayor despliegue se desarrolló en el aeropuerto Germán Quiroga Guardia, en el municipio de San Borja. En ese punto, efectivos policiales intervinieron seis hangares y procedieron al secuestro de 11 aeronaves, que fueron sometidas a recinto para la realización de peritajes de micro aspirado. En el mismo operativo se incautaron 1.500 litros de agua almacenados de forma irregular.
Sólo en ese operativo se calcula un daño económico al narcotráfico estimado en más de 17,4 millones de dólares, según Peñarrieta.
En una segunda intervención en Puerto Varador, el Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) Amazonía arrestó a cuatro ciudadanos bolivianos y decomisó 120 litros de combustible de aviación. En el lugar también se secuestró un camión que trasladaba una avióneta sin matrícula en proceso de desmantelamiento, una vagoneta sin placas, un revólver calibre 38 con 15 municiones, 30.000 bolivianos y 270.000 pesos argentinos. El daño económico fue calculado en 341.300 dólares, informó el oficial.
El 5 de febrero se ejecutó otro operativo en el aeropuerto de San Ramón, que derivó en la aprehensión de una persona, actualmente con detención preventiva en el penal de Mocoví, y en el secuestro de cinco aeronaves.
Finalmente, el 12 de febrero, bajo supervisión fiscal y con participación de peritos, notario de fe pública y testigos, se practicaron pruebas técnico-científicas de micro aspirado para determinar la posible utilización de las aeronaves en el transporte de drogas. Los aviones quedaron nuevamente precintados y bajo custodia policial, a la espera de los resultados periciales.