El daño laboral ha sido causado durante años continuos en los que se ha profundizado por diversos motivos, incluyendo el interés político de dominación por el hambre de la población y la corrupción, propiciadora de que la riqueza vaya a poquísimas manos poderosas, mientras la ciudadanía resulta gravemente afectada, directamente, por estos hechos.
Así, tenemos una situación trágica, inocultable, en términos laborales: emergencia humanitaria compleja, extrema pobreza -reflejada en sueldos y salarios por debajo del mínimo establecido internacionalmente para ello, según el Banco Mundial 2,5/3 $ diarios-, explotación laboral evidente, esclavitud moderna. Con ello, la mayoría de la población sufre las consecuencias. Parte fundamental de la emigración más importante en la América Latina en toda su historia y una de las primeras del mundo en la actualidad, situación que ha tenido tan pocos dolientes entre quienes ocupan el poder, propiciadores, más bien de la misma.
El daño laboral causado es impresionante: salario mínimo que resulta ridículo mencionar siquiera, de menos de medio dólar mensual; reflejo de ese mínimo en las tablas de sueldos, desconocimiento de la meritocracia, igualando con bonos discrecionales a toda la población trabajadora en la administración pública, olvidando profesiones, experiencia, conocimientos, tiempo/antigüedad, formación, y más; abandono de toda protección social: prestaciones sociales, seguros de vida, de atención a la salud, funerarios, sindicatos, gremios, cajas de ahorro… En fin, acabamiento continuado, durante años que rebasan la década, de la calidad de vida.
Esto tiene significado que, amparándose más recientemente en un discurso que incluye el supuesto bloqueo y las necesidades económicas, con la prolongación hasta este tiempo de la también supuesta emergencia económica, se hayan saltado olímpicamente la Constitución y los derechos humanos laborales, mientras la población sufre y huye despavorida. El daño laboral, a la calidad de vida de todos los trabajadores y sus familias, tiene en la máxima documentación legal el asidero para el reclamo. Eso hasta llegar a la ley mínima, la Lopcymat.
¿Cómo resarcir el daño laboral? Imposible de un día para otro, se entiende. Es preciso a partir del reconocimiento, porque el daño ha sido moral, en el sentido de no posar un trabajo digno, con énfasis mayor en la administración pública, pero con extensión indudable en la empresa privada; Aquello que la OIT denomina trabajo decente no existe en la mayoría de los empleos venezolanos. En ese sentido, el trabajo es indigno en Venezuela. Pero también es económico, obviamente, el daño que se debe resarcir, y también político, porque hay culpables de esta situación, desde que prefirieron aliarse con Rusia y China, países esclavistas de larga trayectoria en ello.
Progresivamente debe devolvérsele de manera especial, más allá del indispensable ajuste de los sueldos y el salario, la calidad de vida robada al trabajador. Ese reconocimiento debe ser moral, pero también económico: con bonos de empresas petroleras, como alguna vez se hizo, con pagos especiales programados para que no incidan en la inflación, durante varios años, con extensión de los beneficios luego de la recuperación de las cajas de ahorro, con créditos blandos. Porque es preciso no solo mejorar la alimentación y lo esencial, si no la recuperación de las viviendas y su adquisición, de los vehículos, de los muebles, enseres, electrodomésticos y el descanso que ha sido sustraído malamente de nuestras vidas. Progresivamente, pero sin falta alguna, sin falla. Todo esto debe decidirse de buena manera, sí, en forma tripartita, sí, guiados por la OIT, sí, pero debe decidirse muy pronto. Porque el dinero del petróleo y sus derivados y de las tierras raras y las minas y más, debe ir a las casas y mesas de todos los venezolanos, resarciendo el daño, luego de reconocido. Hasta ahora los beneficios solo se ven en números por redes sociales, en sonrisas oficiales de quienes tienen el poder en su juntura con quienes dominan hacia la transformación que agradecemos, claro, pero no en la población trabajadora, que debe recibir mejores sueldos, sí, pero también el resarcimiento progresivo del daño moral, económico, psicológico, causado todos estos años. La atención del problema laboral debe ser atendida con la prontitud que su emergencia demanda.