La venezolana Francis Evelyn Constantino Ramos, de origen italiano, permanece detenida desde el 31 de octubre de 2025, sin que hasta ahora existe información pública sobre una acusación formal en su contra ni constancia de su presentación ante un tribunal. El arresto se produjo en una alcabala del estado Táchira, región fronteriza con Colombia donde el acceso a información oficial sobre personas detenidas suele ser muy limitado.
En declaraciones a la ANSA, Giuseppe Constantino, padre de Francis Constantino y residente en Sicilia, sostuvo que su hija no ha cometido delito alguno y que su detención estaría vinculada a su activismo democrático, en particular, a su participación en labores de apoyo a las elecciones del 28 de julio de 2024. Ha solicitado gestiones de carácter humanitario y diplomático, señalando que, además del aislamiento derivado de las severas restricciones a las visitas, las condiciones de reclusión incluyen la falta de atención médica especializada y una alimentación limitada a una sola comida diaria, lo que ha incrementado la preocupación familiar por su integridad física y su estado general de salud.
Francis Evelyn Constantino Ramos en una visita a Palermo, SiciliaFrancis Evelyn Constantino Ramos es considerado paciente de alto riesgo médico. Presenta antecedentes oncológicos, patologías cardiovasculares y respiratorias crónicas, así como secuelas de intervenciones quirúrgicas previas, condiciones que requieren seguimiento médico regular y tratamiento continuo.
Según la información disponible, Constantino Ramos se encontraría bajo custodia del Destacamento 215 de la Guardia Nacional Bolivariana, en una zona rural de los Andes venezolanos, junto a personas procesadas por delitos comunes, sin reconocimiento formal de su condición como prisionera de conciencia. Esta circunstancia ha incidido en la escasa visibilidad pública de su caso a nivel nacional, pese a que figura en los listados de personas detenidas por motivos políticos elaborados por el Instituto Casla en 2026.
La directora ejecutiva de esa organización, la abogada Tamara Sujú, ha advertido que la detención sin debido proceso constituye una violación grave de las obligaciones internacionales del Estado, conforme a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, en particular aquellos relativos a la prohibición de la detención arbitraria. En ese contexto, la reclusión de civiles en instalaciones militares sin control judicial efectivo plantea riesgos adicionales en materia de garantías procesales, acceso a la defensa y supervisión externa, al tratarse de espacios que operan bajo lógicas de seguridad y no bajo administración penitenciaria.
Asimismo, la restricción alimentaria y la falta de atención médica adecuada descritas por la familia pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, especialmente cuando afectan a personas con condiciones de salud de alto riesgo, de acuerdo con los estándares internacionales de protección de la integridad personal.
Ante la falta de información oficial, la visibilización pública del caso se ha convertido en un recurso indispensable para contrarrestar la opacidad estatal y permitir la activación de los mecanismos de protección previstos en el derecho internacional.