Una mujer sostiene una vela durante una vigilia por los “presos políticos” en Venezuela. | Foto: EFE/Ronald PeñaLa ONG Acceso a la Justicia identificó contradicciones y conflictos de intereses en el proyecto de ley de amnistía en Venezuelaque podría ser aprobado esta semana por el Parlamento.
En una nota de prensa, la organización subrayó que el proyecto “incurrir en contradicciones fundamentales al hablar de ‘extremismo”lo que a su juicio descalifica de entrada a posibles beneficiarios de la amnistía y presuponer su responsabilidad penal.
Asimismo, alertó que el borrador introduce el concepto de “clemencia soberana”lo cual -según la ONG- implica la existencia previa de culpa o responsabilidadalgo que desnaturaliza la figura de la amnistíaque por definición no prejuzga.
Acceso a la Justicia también señaló “un claro conflicto de intereses”pues la la ejecución de la amnistía queda en manos de los tribunales y la Fiscalíalas mismas instituciones que -según denuncias de organismos como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU- han participado en una “represión masiva e indiscriminada”.
Advirtió que el proyecto no permite que familiares, abogados u ONG actúen en representación de los potenciales beneficiarios de la amnistía.
“A esto se suma que el borrador no establece qué ocurre si un juez determina que un caso no es susceptible de amnistía”, añadió la organización.
La ley de amnistía excluiría a quienes hayan cometido violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, de drogas con pena mínima superior a nueve años de prisión y delitos contra el patrimonio público.
Acceso a la Justicia explicado que en el delito de homicidio se incluye el magnicidiofigura que ha sido imputada a numerosos militaresaunque aclaró que no puede hablarse de magnicidio si no se ha producido la muerte de la presunta víctima.
Por ello, la ONG exhortó a que la aplicación de la ley sea “justa, garantista y transparente”para permitir la pronta libertad y tranquilidad de las personas perseguidas políticamente desde 1999 hasta el 30 de enero de 2026así como de sus familias.
La propuesta de ley se inscribe en lo que la presidenta encargada, Delcy Rodríguezdenomina un “nuevo momento político”y se da en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado el 8 de enerodías después de la Captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.
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