Desde el caso maletas hasta la venta de mala calidad de combustible, en tres meses del gobierno de Rodrigo Paz, al menos nueve hechos “enlodan” su imagen. La administración gubernamental guardó silencio en la mayoría de estos actos y en otros respondieron de manera tardía.
Primero: El caso maletas fue uno de los casos más bullados del actual Gobierno. La exdiputada de Creemos Laura Rojas ingresó 31 maletas al país en un vuelo chárter proveniente de Estados Unidos. Usó su pasaporte diplomático y Migración, Policía y la Aduana fallaron en los controles.
Segundo: La venta de mala calidad de combustible, otro hecho sonado de la administración gubernamental. Desde el Ejecutivo deslindaron responsabilidades a un inicio y le echaron la culpa al Movimiento al Socialismo (MAS). Posteriormente admitieron fallas en el Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
tercero: La contratación de la empresa Camin Cargo Control Argentina (Sucursal Bolivia), por el monto de 8,8 millones de bolivianos, para que se haga carga del control de calidad del combustible. El Gobierno no dio explicaciones sobre este hecho, sólo rescindieron el contrato con la compañía mencionada.
Cuarto: El Decreto 5503, esta norma constaba de más de 120 artículos, en cual se eliminó la subvención del combustible. Sin embargo, este precepto le daba un suprapoder al Gobierno, minimizaba las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el Banco Central de Bolivia (BCB) tenia vía libre para disponer de reservas sin control.
Los sectores sociales se movilizaron, convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB). El eje no era la eliminación de los combustibles, sino la “enajenación” de los recursos y los artículos que eran anticonstitucionales. El Ejecutivo retrocedió ante la masificación del descontento social.
Quinto: La confiscación de 19,5 toneladas de madera boliviana, incautadas en Chile con cocaína en su interior. Esta sustancia controlada tenía como destino final España. Sobre este hecho el Ejecutivo tampoco se pronunció.
sexto: El asesinato del exdelegado presidencial en Tarija Mauricio Aramayo. Este acontecimiento ocurrió en pleno centro del municipio de Cercado, el hombre fue acribillado en su vehículo, como si se tratara de un ajuste de cuentas. Hasta el momento el caso está en investigación, y se desconoce a los autores materiales e intelectuales del hecho.
Séptimo: La irrupción a la Reserva Natural de Tariquía, de parte de la Policía para que Petrobras pueda realizar sus operaciones. Este accionar fue autorizado por Paz y los ministerios de la Presidencia, Hidrocarburos y Gobierno. Este hecho provocó la molestia de la población tarijeña, la cual salió en una marcha en rechazo a la acción del Gobierno.
Octavo: El préstamo del Banco Central de Bolivia (BCB) por la suma de 32.000 millones de bolivianos al Gobierno. Se desconoce para que fueron solicitados estos recursos. Políticos y analistas señalaron que el actual Gobierna hace lo que criticó del MAS. Usan a la entidad financiera como la “caja grande” del Ejecutivo.
Noveno: El incumplimiento de la promesa del “50/50” de parte de Paz. El mandatario en campaña prometió una redistribución presupuestaria equitativa para las regiones desde el primer día de su administración. Sin embargo, no hay fecha o la certeza de que el compromiso se concreta.