Los líderes de la Iglesia Católica han emitido una declaración expresando su desaprobación de un intento del gobierno de Argentina de reducir la edad de responsabilidad penal, advirtiendo que los expertos no están siendo escuchados y criticando los motivos ideológicos detrás de la medida.
A principios de esta semana, funcionarios del gobierno del presidente Javier Milei confirmaron que el partido gobernante incluirá un proyecto de ley para reformar el régimen penal juvenil en las próximas sesiones extraordinarias del Congreso.
La medida se implementó mediante el Decreto 53/2026 publicado en el Gaceta Oficial el martes. El texto ordena “el temario a debatir por el Honorable Congreso de la Nación durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, para incluir la consideración de los proyectos de ley vinculados al Código Penal Juvenil”.
En respuesta, los líderes de la Iglesia emitieron un comunicado que recirculó una declaración preparada por su equipo de trabajo de Pastoral Social en marzo pasado. En él, los líderes religiosos llaman al gobierno a “asumir cambios profundos” que han afectado a Argentina y sus residentes.
Es “ideológico creer que la solución al crimen es bajar la edad de responsabilidad penal sin considerar las causas” del crimen, se lee.
El proyecto de ley del Ejecutivo pretende cambiar el régimen actual, vigente desde la dictadura militar de 1976-1983, para reducir la edad de responsabilidad penal (actualmente 16 años) para permitir que los menores sean juzgados y condenados por delitos graves.
Sin embargo, los líderes de la Iglesia pidieron al gobierno de Milei que adopte una visión más amplia de la criminalidad y los desafíos que enfrenta la Argentina hoy, entre ellos el crimen y la delincuencia juvenil. Destacaron que la mayoría de los delitos no son cometidos por jóvenes.
“Desde hace muchos años la sociedad argentina sufre las consecuencias de administraciones políticas que no han sido capaces de crear una cultura del trabajo que incluya a todos los habitantes y permita a todas las familias de este país vivir dignamente obteniendo los bienes necesarios para un auténtico desarrollo humano, laboral, social, económico y psicoactivo”, se lee en el comunicado de la Iglesia, que se esforzó en expresar su solidaridad con quienes han sido víctimas de la violencia.
“Estas situaciones dolorosas refuerzan las propuestas centradas en los menores como si fueran los únicos y numéricamente mayores responsables de los crímenes. Lo que sí sabemos, a través de las estadísticas oficiales, es que la mayoría de los crímenes no son cometidos por los más jóvenes”, continuó.
“Según las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal – Sistema Alerta Temprana [SNIC_SAT, early alert system of the National Security Ministry] en 2023, el último año en que se publicaron, los menores de edad [who were or have been] Los acusados por delitos representan un porcentaje muy bajo del total”.
Según el equipo de Pastoral Social, “el problema de la delincuencia juvenil está atravesado por una enorme cantidad de factores, que hacen necesaria la voz de especialistas como psicólogos, psiquiatras y docentes, opiniones autorizadas que no aparecen con tanta frecuencia en los debates mediáticos.
“Cuando se escuchan estas voces con sus enfoques más complejos del problema, la propuesta de reducir la edad de responsabilidad penal no parece la más razonable.
“Es ideología creer que la solución al delito es bajar la edad de responsabilidad penal sin considerar sus causas”, concluyó.
“Por ejemplo, los jóvenes de hoy tienen muy fácil acceso a las drogas. Las drogas los están destruyendo y su consumo es una de las principales causas de la violencia. Las drogas siguen penetrando fácilmente en nuestros barrios. Basamos nuestro caso en los hechos. ¡Por eso es necesario combatir el tráfico de drogas! Pero se dice poco al respecto”.
El texto plantea luego una serie de interrogantes, subrayando la falta de detalles sobre la propuesta: “Si se baja la edad de responsabilidad penal, ¿dónde serán confinados los menores? ¿Cuáles son los locales apropiados en las provincias para albergar a los jóvenes delincuentes? ¿Qué alternativas reales tenemos para ofrecerles educación y reinserción social?”.
“Conocemos la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿Creemos seriamente que esa es la solución? La edad legal actual [of criminal responsibility] son 16 y 17 años. No consideramos necesario cambiar la edad pero lo que sí sería imprescindible es un sistema penal para menores con una mirada humana, integral y abierta a la esperanza”.
Los líderes de la Iglesia pidieron un enfoque más amplio para abordar la criminalidad, pidiendo una mejor educación, rehabilitación e inclusión. “¿Qué necesitamos, más cárceles o más escuelas? ¿Más guardias penitenciarios o más docentes con salarios decentes y adecuadamente capacitados? Cualquier reforma del Código Penal Juvenil debería centrarse en la reinserción social y la educación como prioridades”, escribieron.
“Aquí tienen un papel preponderante los gobiernos nacional, provinciales y municipales y los dirigentes políticos, pero también los líderes de los movimientos sociales, los sindicalistas, los clubes barriales, el clero, el mundo empresarial y la ciudadanía en general; todos tenemos que aportar lo necesario para ampliar las oportunidades de educación y formación, acercándonos a los niños, adolescentes y jóvenes vulnerables”.
– TIEMPOS/NA
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