Puntos clave Washington dice que está vendiendo petróleo venezolano sancionado a precios de mercado para pagar servicios básicos, no a políticos. Rubio planteó una transición larga, advirtiendo que las elecciones no pueden ser creíbles sin medios abiertos y acceso de la oposición. Senadores de ambos partidos cuestionaron la legalidad, la transparencia y si Estados Unidos está eligiendo ganadores en Caracas. La administración Trump está tratando de evitar que el colapso de Venezuela se convierta en una emergencia regional utilizando el activo más valioso del país como salvavidas financiero: el petróleo.
Al testificar ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Washington ha creado un mecanismo de corto plazo para financiar funciones policiales, sanitarias y gubernamentales centrales.
Describió una urgente crisis fiscal después de la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense el 3 de enero, argumentando que la falta de remuneración de la policía y el cierre de los servicios públicos podrían desencadenar el caos y una nueva ola de migración hacia los estados vecinos, especialmente Colombia.
Estados Unidos aprovecha los ingresos del petróleo venezolano para financiar la policía y los servicios públicos. (Foto reproducción de Internet) El modelo de financiación es inusual. Rubio dijo que los ingresos provendrán del petróleo venezolano sancionado vendido a precios de mercado, y que las ganancias se destinarán a servicios públicos en lugar de a la antigua red de gobierno.
Estados Unidos señala una estrategia de transición coercitiva En comentarios anteriores reportados por los principales medios, Rubio habló de tomar aproximadamente entre 30 y 50 millones de barriles y venderlos a precios de mercado.
Dado que los precios del crudo rondaban los 60 dólares por barril a principios de enero, algunas estimaciones sitúan los ingresos totales en miles de millones de dólares, de un solo dígito.
Rubio trazó una hoja de ruta de tres etapas. Primero viene la estabilización y la gobernanza básica. En segundo lugar está la recuperación económica y la limpieza del sector petrolero, incluidas normas destinadas a reducir la corrupción y el favoritismo.
En tercer lugar está una transición política hacia elecciones que, advirtió, no serán libres ni justas si la oposición no puede organizarse, competir o acceder a medios independientes.
La autoridad interina, según la descripción de Rubio, está dirigida por Delcy Rodríguez, una figura asociada desde hace mucho tiempo con la estructura de poder saliente.
Rubio dijo que las conversaciones directas con los funcionarios interinos han sido respetuosas pero no abiertas. En una declaración escrita, amenazó con el uso de la fuerza si las nuevas autoridades no cooperan plenamente con las demandas estadounidenses.
También destacó la magnitud de la represión aún sin resolver. Rubio citó a casi 2.000 presos políticos y dijo que las liberaciones se están produciendo, pero lentamente.
En las redes sociales, el plan ha provocado una división familiar. Sus partidarios lo consideran un puente práctico y duro para alejarse del colapso autoritario.
Los críticos lo llaman una nueva forma de tutela que corre el riesgo de cambiar un sistema cerrado por otro. Los senadores se hicieron eco de esa preocupación y presionaron a la administración sobre cuestiones de poderes de guerra, supervisión y si el Congreso ha sido marginado.
La aparición de Rubio coincidió con una reunión programada del Departamento de Estado con la líder de la oposición María Corina Machado, lo que aumentó la sensación de que el futuro de Venezuela se está negociando en vías paralelas y bajo una fuerte presión de Estados Unidos.