La Defensoría del Pueblo solicitó, formalmente a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) un informe escrito sobre el ajuste provisional de las tarifas máximas de pasajes del transporte aéreo doméstico en la ruta Cobija–La Paz–Cobija, dispuesto mediante la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RAR-TR LP 2/2026, que establece un precio de hasta Bs1.552 por tramo.
La institución defensorial tomó conocimiento de esta medida a través de publicaciones difundidas en redes sociales y de la preocupación expresada públicamente por diversos sectores sociales e institucionales del departamento de Pando, incluidos parlamentarios nacionales, quienes rechazaron el incremento de las tarifas aéreas por considerar que afecta de manera directa a la población pandina. Asimismo, se informó que existirían solicitudes formales de informe presentadas desde noviembre de la gestión pasada sin respuesta por parte de instancias nacionales.
La institución defensorial advirtió que el departamento de Pando no cuenta con una interconexión terrestre asfaltada con el resto del país, situación que se agrava en época de lluvias, lo que convierte al transporte aéreo en el principal medio de conexión.
Con el objetivo de verificar la situación de las y los usuarios del transporte aéreo en el resto de destinos, frente a la aplicación de nuevas tarifas en los pasajes, la Defensoría del Pueblo, realizó un monitoreo en el Aeropuerto Internacional de El Alto, a fin de precautelar el derecho al acceso a servicios de transporte en condiciones de igualdad, información y trato digno.
“Por instrucción del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, estamos realizando este monitoreo ante el incremento de los costos del transporte aéreo, es una situación que puede afectar a la población, considerando que el uso de este servicio no se constituye un lujo, especialmente para el acceso a departamentos alejados como Beni y Pando, ante la necesidad de traslados por cuestiones de salud o cheques médicos, más aún en época de lluvias, cuando la intransitabilidad de carreteras limita otros medios de transporte”, informó el responsable de la Unidad de Coordinación Regional de El Alto de la Defensoría del Pueblo, Fernando Claros.
La Defensoría del Pueblo reafirma su rol constitucional de defensa de los derechos humanos y de vigilancia del accionar de las entidades públicas, enfatizando la necesidad de que las decisiones regulatorias consideren criterios de equidad, proporcionalidad y protección de los derechos colectivos de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Para el registro y atención de denuncias por presuntas vulneraciones a derechos humanos llame a la Línea Gratuita 800-10-80-04 o WhatsApp 72039523 (El Alto).