explicativo
El director encargado de Custodia y Vigilancia de la cárcel de La Paz ordenó la remisión de los condenados sin el aval de un juez.
El director de Custodia y Vigilancia de la cárcel de Itagüí fue denunciado por la remisión de los cabecillas de la mesa de paz urbana de Medellín para el ‘tarimazo’ del 21 de junio de 2025. Foto: Jaiver Nieto Álvarez.
PERIODISTA DE MEDELLÍN15.01.2026 14:35 Actualizado: 15.01.2026 18:01
Uno de los eventos más polémicos protagonizados por el gobierno actual tuvo lugar en Medellín el 21 de junio de 2025: el ‘tarimazo’.
Ese sábado, el presidente Gustavo Petro viajó a la capital de Antioquia para dar una locución pública desde el centro administrativo de la ciudad: La Alpujarra, hogar de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación del departamento, hoy precedidas por dos de los mayores opositores del jefe de Estado.
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Laleta plazo de La Alpujarra para el evento del presidente Gustavo Petro en Medellín. Foto:@petrogustavo
El presidente se presentó en una tarima ubicada en un costado de la plazoleta de La Alpujarra, acompañado por más de una decena de los miembros de su gabinete, además de políticos del Pacto Histórico oriundos de la región y, el grupo que desató la discordia a nivel nacional: nueve de los cabecillas históricos condenados de los grupos delincuenciales organizados de Medellín, que hoy son miembros de la mesa de paz urbana de la capital de Antioquia que tiene como sede la cárcel de seguridad máxima de La Paz, en Itagüí, donde estos individuos se encuentran excluidos cumpliendo sus sentencias.
Escolados por uniformados del Inpec, Juan Fernando Álvarez, alias juan 23; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias vallejo; José Leonardo Muñoz Martínez, alias douglas; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Walter Alonso Román, alias El Tigre; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias El Compa y élder Darbey Zapata Rivera. alias Grande Pa se pararon a la ‘siniestra’ del presidente Gustavo Petro e instantes después, tuvieron la oportunidad de dirigirle unas palabras.
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El ‘tarimazo’ con capos en La Alpujarra en Medellín. Foto:Javier Nieto.
La mera mera presencia de los condenados cabecillas fue polémica por sí sola, sin embargo, con el paso de los días se conocieron detalles al respecto de su presencia en La Alpujarra que no solo caldearon aún más los debates, sino que motivaron a Múltiples denuncias en contra de dos personajes en particular: la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien oficia como representante del gobierno en la delegación de paz urbana en el Valle de Aburrá y el propio Presidente de la República.
De base, se cuestionó si la presencia de los miembros de la mesa de paz en La Alpujarra era legal. Así fue como se conoció que fue la senadora Isabel Zuleta la que solicitó el permiso y traslado de los convictos desde la cárcel de Itagüí, hasta el acto del presidente.
Zuleta tramitó la salida de los ‘capos’ el 19 de junio, dos días antes del evento del Presidente. En ese mismo documento Fundadores que los 10 cabecillas regresarían a la cárcel La Paz, de Itagüí, donde están excluidos en el marco de las negociaciones con el Gobierno Nacional.
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A través de este documento el director de custodia del penal autorizó la remisión de los condenados. Foto:Suministrada.
En la resolución 005208 emitida por el entonces director de Custodia y Vigilancia del Inpec, Rolando Antonio Ramírez, se dejó constancia de que la remisión a La Alpujarra respondió a una solicitud de Zuleta: “Mediante oficio sin número y sin fecha recibido el 19/06/2025 firmado por la Dra. Isabel Cristina Zuleta López Coordinadora para la Construcción de Paz Urbana ECSJ-Medellín y Valle de Aburra, solicita el traslado de los privados de la libertad (…)”.
Además, en el documento firmado por el director de Custodia y Vigilancia encargado, se dejó constancia de que el traslado de los cabecillas se realizaría bajo alta y media seguridad para evitar cualquier proceso de fuga o rescate.
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Teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria Foto:Inpec.
En dicho documento se lee: “Se ordena la remisión de las personas privadas de la libertad en mención de la cárcel La Paz hasta el lugar mencionado (La Alpujarra), en la fecha señalada de conformidad con lo expuesto en la parte que motiva este acto administrativo. Los privados de la libertad deberán ser regresados a su lugar de origen de inmediato, una vez culminen las diligencias señaladas”.
A pesar de que inicialmente trascendió que el documento tenía validez jurídica, se conoció que una denuncia interpuesta contra el teniente coronel Ramírez y contra alias ‘Carlos Pesebre’ fue recibida y generó compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fuga de presos y falsedad en documento.
La concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla Minamí, fue quien informó al respecto de la actuación de la judicatura, que se remonta a septiembre de 2025, a raíz de una denuncia presentada por ella.
Carrasquilla informó que el Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, compulsó copias y formuló denuncia penal en contra del teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria, director de Custodia y Vigilancia de la cárcel de Itagüí en ese entonces, para autorizar la salida de los cabecillas.
En la base de datos de la judicatura se dejó constancia de esta actuación que se registró el 12 de septiembre de 2025: ” Mediante oficio 2381 se interpone denuncia en contra del teniente coronel Antonio Ramírez Sanabria, director de Custodia y Vigilancia del Inpec, toda vez que mediante Resolución número 005208 de junio 19 de 2025, autorizó el traslado del sentenciado Freyner Alfonso Ramírez García a las instalaciones del Centro Administrativo La Alpujarra”.
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Notificación de la actuación del Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Foto:EL TIEMPO.
A través del oficio 2381, el juzgado indicó que la expedición de la resolución en la que se autorizó el traslado de alias ‘Carlos Pesebre’, se efectuó sin el aval de un juez, es decir, sin autorización judicial. Precisamente en ese sentido, el juzgado también compulsó copias contra ‘Pesebre’, condenado a una pena de 36 años por el delito de homicidio agravado
La concejala Carrasquilla comentó que: “La Ley 65 de 1993 es muy clara, la única persona que puede autorizar la remisión de personas convictas como este señor que paga una condena de más de 31 años es un juez de la república, ni el presidente ni la senadora tienen la autoridad”.
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE
Periodista de Nación, en Medellín.
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