Foto: AFPVenezuela llegará al momento del cambio con una verdad incómoda a cuestas, de esas que no admitirán rodeos ni metáforas evasivas. ¿Cómo explicarle a Juan, a Pedro oa Guillermo -hombres de trabajo duro, de madrugadas interminables, de manos gastadas por el oficio, por la brega de sudor y paciencia, que mientras ellos sobrevivían con salarios pulverizados y hacían malabares para pagar la comida o los estudios básicos de sus hijos, el hijo de Nicolás Maduro podía cancelar en efectivo un doctorado de 12.000 dólares en una reconocida universidad privada? La pregunta no es demagógica ni busca provocar indignación fácil: es una interpelación estructural, casi pedagógica, que desnuda la fractura moral y económica del modelo que se impuso en nombre de la justicia social. Esa escena resume, con crudeza técnica, la distancia abismal entre el discurso igualitarista y la realidad oligárquica de un poder que se enriqueció a la sombra del empobrecimiento colectivo. El punto no radica en si posee o no el derecho al estudio, como cualquier ciudadano; lo verdaderamente contundente es que, en ese caso particular, dicho derecho se transformó en un privilegio debido a la procedencia de los recursos.
Todo fue un engaño burdo para quienes lo aceptamos sin reservas: una auténtica píldora de cianuro social. Al comienzo de aquella historia del chavismo, el relato fue distinto. Se habló de humanismo, de dignidad, de saldar deudas históricas con los excluidos. Muchos lo creyeron, no por ingenio, sino porque la promesa conectaba con una sensibilidad social legítima. Luego vino el socialismo como fórmula redentora, presentado no como una opción ideológica discutible, sino como un destino moral inevitable. En nombre de ese socialismo se desmontaron los equilibrios económicos, se destruyó el aparato productivo, se anuló la moneda y se convirtió el salario en una ficción. Paralelamente, se construyó una narrativa retrospectiva que señaló a los cuarenta años de democracia previa -con muchos errores, límites y virtudes- como la causa de todos los varones, borrando deliberadamente que ese período fue, con luces y sombras, el de mayor movilidad social, expansión educativa y construcción institucional del país. No fue una reinterpretación inocente histórica, sino una operación política destinada a eliminar cualquier punto de comparación que evidenciara el fracaso del nuevo orden.
La realidad terminó imponiéndose con la contundencia de los hechos. El colapso venezolano no fue producto de una fatalidad histórica ni de un complot externo omnipotente, sino de decisiones públicas concretas y verificables: controles incompatibles con la producción, expropiaciones sin criterios técnicos, asfixia regulatoria, opacidad fiscal y una corrupción sistémica que desvió recursos públicos hacia redes familiares, militares y partidistas, tanto dentro como fuera del país. La política dejó de ser un espacio de deliberación sobre el bien común y se transformó en un mecanismo de acumulación privada. No se trata de desviaciones individuales, sino de una estructura de poder que operó con lógica patrimonialista, donde el Estado fue capturado y utilizado como botón.
Es en este punto donde el liberalismo, lejos de ser una consigna importada o un dogma abstracto, aparece como una tradición moral y política profundamente relevante. El liberalismo clásico parte de una premisa sencilla y exigente: el individuo es un sujeto libre y responsable, no un engranaje al servicio del Estado ni un beneficiario pasivo de su caridad. En Venezuela, esa premisa fue negada de forma sistemática. La pobreza no solo fue una consecuencia, sino también una herramienta de control. Convertir a ciudadanos en dependientes fue funcional a la perpetuación del poder. El giro liberal implica romper ese círculo, no para abandonar a los más vulnerables, sino para ofrecerles algo mucho más digno: la posibilidad real de ascenso mediante el trabajo, el mérito y la propiedad.
El país está lleno de personas pobres en términos materiales, pero ricas en habilidades prácticas. Hay saber productivo acumulado en la informalidad: gente que sabe sembrar, producir, reparar, cocinar, transportar, vender, construir. Ese capital humano fue empujado a la precariedad por un entramado de permisos arbitrarios, impuestos confiscatorios y una burocracia diseñada para extorsionar. El liberalismo propone lo contrario: reglas simples y estables, protección efectiva de la propiedad, acceso al crédito, seguridad jurídica. Cuando una persona sabe que el fruto de su esfuerzo no será expropiado ni condicionado por su lealtad política, la iniciativa florece. Así se transforman pequeños emprendedores en comerciantes sólidos y, con el tiempo, en industriales. No por decreto, sino por acumulación de paciencia, trabajo y confianza.
Incluso el territorio refleja esta tragedia y esta posibilidad. Las viviendas precarias levantadas en zonas verdes y montañosas no son producto de la maldad, sino de la desesperación. Familias enteras construyeron donde pudieron porque el Estado era incapaz de ofrecer alternativas urbanas viables y la migración descontrolada desbordó las capacidades de organización demográfica. Un enfoque liberal no debería proponer desalojos autoritarios ni soluciones traumáticas, sino procesos voluntarios, incentivos bien diseñados, programas de relocalización que permitan intercambiar precariedad por propiedad formal. Dejar respirar a las montañas no es solo una consigna ambiental; es una expresión de orden civilizatorio: reconciliar desarrollo humano, legalidad y respeto por la naturaleza sin aplastar a quienes ya han sido demasiado aplastados.
El turismo ofrece un ejemplo claro de lo que puede lograrse cuando se confía en la sociedad. Venezuela posee una diversidad natural y cultural excepcional: playas, montañas, selvas, desiertos, tradiciones, gastronomía. Sin embargo, la inseguridad, la desconfianza institucional y la ausencia de inversión privada lo mantuvieron en estado latente. Un enfoque liberal puede entender el turismo como una red descentralizada de oportunidades: posadas familiares, guías locales, transporte, servicios, artesanía. Cuando se garantiza seguridad, se protege la propiedad y se facilita la inversión, el turismo se convierte en una escuela práctica de emprendimiento y orgullo local. No necesita un Estado omnipresente; necesita un Estado que no estorbe y que haga cumplir la ley, pero que al principio sea como un buen padre de familia promotor de emprendimiento y apoyo financiero.
La educación, por su parte, fue degradada al convertirse en instrumento de adoctrinamiento y control. El liberalismo no desprecia la educación pública; la rescata de la mediocridad politizada. Una educación liberal forma ciudadanos críticos, trabajadores competentes y personas capaces de pensar por sí mismos. El cambio pasa por devolver autonomía a las instituciones educativas, dignificar al docente, vincular la formación con el mundo productivo y permitir una convivencia virtuosa entre iniciativas públicas y privadas. Una sociedad de propietarios comienza en el aula, cuando se enseña que el esfuerzo tiene sentido y que el futuro no depende de la cercanía al poder. La generación de docentes-empresarios en docencia es una idea capaz de abrir nuevos espacios de creación de riqueza privada, orientados a promover empleos de alta calidad, bien remunerados y competitivos a nivel mundial.
En el plano económico, el tránsito desde un país construido sobre pilares socialistas hacia una sociedad de propietarios exige realismo y pedagogía. No se trata de un salto al vacío ni de una terapia de choque ideológica, sino de un retorno a principios que han demostrado su eficacia histórica: la estabilidad monetaria, el respeto a los contratos, la apertura al comercio, el fomento del ahorro y la inversión. El liberalismo no promete igualdad de resultados, sino igualdad de oportunidades. En una sociedad devastada, esta promesa es profundamente reparadora: cada uno puede avanzar según su talento y su trabajo, sin que el éxito ajeno sea visto como una amenaza moral.
La vida personal, tantas veces intervenida y vigilada, también se ve transformada. El liberalismo defiende la esfera íntima como un espacio inviolable: la familia, el proyecto de vida, las creencias, las decisiones cotidianas. Durante años, el poder intentó sustituir incluso esos ámbitos, convirtiendo al ciudadano en dependiente emocional del Estado. Recuperar la libertad personal es recuperar la autoestima colectiva. Una sociedad libre no necesita salvadores permanentes ni líderes providenciales; necesita ciudadanos responsables, capaces de cuidarse a sí mismos y de participar en la vida pública sin miedo.
Nada de esto ocurre en aislamiento. El apoyo necesario para este tránsito es interno y externo. Internamente, se requiere una nueva ética pública, un pacto social que devuelva prestigio a la legalidad, al trabajo y al mérito. Externamente, la comunidad internacional puede acompañar con inversión, cooperación técnica y respaldo institucional, siempre respetando la soberanía de un país que decida reconstruirse desde la libertad. La diáspora venezolana, dispersa pero altamente calificada, constituye un puente natural para ese proceso: experiencia, capital, conocimiento y una memoria viva de lo que significa vivir en sociedades donde las reglas importan.
El liberalismo que Venezuela necesita no es cruel ni indiferente; es profundamente social porque entiende que la mejor política social es un empleo digno, una propiedad segura y un horizonte de progreso. Convertir a una sociedad de dependientes en una sociedad de propietarios no es un acto de insensibilidad, sino de confianza radical en la capacidad humana. Es decirle a Juan, a Pedro y a Guillermo que el esfuerzo vale la pena, que la ley los protegidos y que nunca más deberán explicarles a sus hijos por qué unos pocos, en nombre del pueblo, vivieron como príncipes mientras la nación entera se empobrecía.
El cambio no se anuncia con consignas ni se impone con decretos. Se construye como se construyen las cosas que perduran: con reglas claras, con paciencia, con memoria histórica y con la convicción de que la libertad no es un privilegio, sino una costumbre que se aprende y se defiende todos los días. Venezuela puede volver a ser un país donde el trabajo y los méritos personales tengan sentido, donde la ley sea un refugio y no una amenaza, y donde la política deje de ser un instrumento de engaño para convertirse, en un servicio público al bien republicano.