Puntos clave El estado de Río ha pedido a la Corte Suprema de Brasil que valide una nueva estrategia de “reocupación” basada en bases de seguridad 24 horas al día, 7 días a la semana, policía comunitaria y herramientas de vigilancia. El piloto tiene como objetivo Rio das Pedras, Gardênia Azul y Muzema, donde milicias y facciones narcotraficantes compiten en el cinturón de Jacarepaguá. Los funcionarios dicen que el control criminal se financia mediante mercados ilícitos, incluidos alrededor de R$ 10 mil millones ($ 1,9 mil millones) en el comercio de propiedades, más aproximadamente R $ 3 millones ($ 560 000) al mes provenientes de Internet ilegal y R$ 4 millones ($ 740 000) al mes del gas ilegal. El gobierno de Río está reviviendo una idea que alguna vez prometió una presencia estatal duradera en las favelas. La nueva etiqueta –“reocupación”– señala el compromiso de ingresar a las comunidades en disputa y permanecer, no solo realizar operaciones y retirarse.
El plan fue presentado ante el Supremo Tribunal Federal dentro del caso ADPF 635, el caso que impuso límites y supervisión a la actuación policial en las comunidades de Río después de años de redadas mortales y acusaciones de abuso.
En abril de 2025, el tribunal siguió monitoreando el caso y exigió una estructura y cumplimiento más claros. El juez Alexandre de Moraes es un supervisor clave.
¿Podrá Río hacer que la seguridad se mantenga? Un nuevo intento supervisado por el tribunal para reocupar favelas clave. (Foto reproducción de Internet) Operacionalmente, el estado propone Bases Integradas de Segurança Territorial (BIST), destinadas a funcionar las 24 horas del día como centros fijos de patrullaje y coordinación.
El plan social y de seguridad integrado de Río apunta a los bastiones de las milicias El plan destaca tecnología para detectar vehículos robados o clonados e identificar personas con órdenes de arresto activas. Los funcionarios también quieren servicios de justicia en el lugar: equipos itinerantes de defensores públicos y fiscales, además de tribunales móviles dentro de áreas “reocupadas”.
Más allá de la seguridad, el plan añade medidas sociales y urbanas, apoyo económico como microcréditos y cooperativas, y consejos locales destinados a realizar un seguimiento de la entrega.
El estado describe la zona objetivo inicial como hogar de más de 85.000 residentes, y las fases posteriores podrían afectar hasta 1,2 millones de personas en todo el Gran Jacarepaguá.
Las autoridades citan el control en competencia entre milicias y grupos narcotraficantes, incluidos Comando Vermelho y Terceiro Comando Puro. El lanzamiento se describe a principios de 2026, después del Carnaval. Si funciona, otras ciudades estudiarán el modelo de cerca.
La verdadera prueba es la resistencia: ¿puede Río mantener territorio bajo escrutinio judicial, limitar los abusos cotidianos y brindar suficientes servicios para que los residentes crean que el estado seguirá allí mañana?