Puntos clave El senador Alessandro Vieira dice que buscará las 27 firmas necesarias para abrir un CPI sobre las acusaciones que involucran al Banco Master y a la familia del juez Alexandre de Moraes. El informe describe un contrato legal valorado en aproximadamente 129 millones de reales (24 millones de dólares), estructurado en 3,6 millones de reales (670.000 dólares) por mes durante 36 meses. Banco Master se encuentra en liquidación extrajudicial, con hasta R$41 mil millones ($7,6 mil millones) en garantías elegibles que afectan a alrededor de 1,6 millones de acreedores. Un colapso bancario nunca se trata sólo de balances en Brasil. Cuando la limpieza de un prestamista fallido choca con reclamos que afectan a un juez de la Corte Suprema, la historia rápidamente se convierte en una prueba de estrés para las instituciones del país y para la confianza pública.
El senador Alessandro Vieira (MDB-SE) dice que comenzará a recolectar firmas después de que el Congreso regrese del receso para crear una comisión de investigación parlamentaria (CPI).
El objetivo es un conjunto de acusaciones que involucran al Banco Master, al juez Alexandre de Moraes y a contactos con el presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo. En el informe que citó Vieira, se pidió comentarios a la Corte Suprema y no respondió.
El escándalo del Banco Master de Brasil se extiende desde la quiebra bancaria hasta el escrutinio de la Corte Suprema. (Foto reproducción de Internet) Un frente es un acuerdo de servicios legales supuestamente firmado en enero del año pasado entre el Banco Master y Barci de Moraes Associados, asociado con Viviane Barci de Moraes, la esposa del juez.
Los plazos informados (3,6 millones de reales (670.000 dólares) mensuales durante tres años) sumarían alrededor de 129 millones de reales (24 millones de dólares) hasta principios de 2027.
Supuesta presión judicial surge en medio del colapso del Banco Master El alcance descrito en las cuentas publicadas incluye la representación del Banco Master y su contralor, Daniel Vorcaro, ante el Banco Central, la Hacienda Federal y el Congreso. Los informes dicen que los pagos fueron interrumpidos posteriormente después de que el banco entró en liquidación.
Un segundo frente es la afirmación de que Moraes contactó a Galípolo tres veces por teléfono y se reunió con él una vez en persona mientras el Banco Central evaluaba el Banco Master y una propuesta de compra de BRB.
El mismo informe afirma que Galípolo advirtió que los técnicos habían detectado graves irregularidades en las transferencias de crédito vinculadas al BRB y que la aprobación sería imposible si se confirmaba el fraude. Ni Moraes ni Galípolo han confirmado públicamente ese relato específico.
El contexto financiero es grave. El 18 de noviembre, el Banco Central ordenó la liquidación extrajudicial del Banco Master e impuso medidas administrativas especiales.
Los investigadores han citado alrededor de R$ 12.200 millones (USD 2.300 millones) en transferencias de crédito sospechosas vinculadas a BRB, y los registros judiciales han hecho referencia a aproximadamente R$ 16.700 millones (USD 3.100 millones) en transferencias vinculadas a transacciones bajo escrutinio.
Vorcaro fue encarcelado durante 11 días en noviembre y luego liberado con un monitor de tobillo por el tribunal de apelaciones TRF-1.
El juez Dias Toffoli ordenó que se reanudara la investigación, autorizó rupturas justificadas del secreto fiscal y de telecomunicaciones y puso los datos bancarios y fiscales obtenidos por el CPI bajo la custodia del presidente del Senado, Davi Alcolumbre.
Los verificadores de hechos han desacreditado un vídeo viral de IA y dicen que no se ha presentado ninguna prueba de que Viviane Barci de Moraes haya participado en el presunto fraude.
La cuestión más profunda es institucional: si Brasil puede mantener la credibilidad en la aplicación cuando lo que está en juego implica tanto una liquidación importante como algunos de los nombres más poderosos del país.