La jueza del caso dictó medidas cautelares permanentes a favor de los demandantes tras declrar como ilegal el recorte de Trump a los fondos | FotoArchivoUn tribunal federal de Rhode Island declaró como ilegal el recorte de millones de dólares destinados a la lucha contra el terrorismo realizado por la administración de Donald Trump. La demanda la presento una coalición de estados demócratas en contra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El recorte se hizo después de que los demandantes se negaran a usar fondos del Estado para apoyar la agenda de deportaciones masivas de Trump.
La coalición alegó ante el tribunal que el recorte aprobado por Trump aumentó el riesgo de sufrir daños irreparables. Los fondos se utilizaban en gobiernos estatales y locales para mejorar la preparación ante amenazas como el terrorismo, desastres naturales y otras emergencias y eran parte del Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional (HSGP).
El tribunal declaró este martes que los demandantes estaban en riesgo porque los fondos de emergencia para casos de desastre no se pueden reponer posteriormente. Las consecuencias a largo plazo, así como la seguridad pública, podrían sufrir un daño irreparable.
La jueza Mary McElroy ordenó al DHS modificar las adjudicaciones del HSGP emitidas a los estados demandantes para reflejar los niveles de financiación acordados previamente. Igualmente, dictó que otros cambios significativos en los programas de preparación para emergencias eran ilegales, y los anuló.
Fondos para las leyes de inmigraciónEn su denuncia, la coalición de estados demócratas explicó también que desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha intentado repetidamente vincular la financiación federal a la aplicación de las leyes federales de inmigración.
La demanda la presentó los fiscales de California, Illinois, Nueva Jersey, Rhode Island, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Vermont y Washington, y el gobernador de Pensilvania.
La jueza dictó medidas cautelares una vez emitió su fallo al catalogar como ilegales los recortes a los fondos de los programas del HSGP. Su sentencia la dictó después de catalogar a los demandantes como favorecidos por el equilibrio de intereses y el interés público.
Con información de EFE.
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