Puntos clave El proyecto de ley de “Libertad Educativa” de Milei legalizaría la educación en el hogar, ampliaría la educación virtual y reduciría el papel del Estado a un respaldo. Las herramientas de financiación del lado de la demanda (vales, becas y créditos fiscales) podrían convertir la inscripción en el principal impulsor de los presupuestos y la influencia. La lucha refleja la política educativa al estilo estadounidense: control parental, disputas culturales y poder sindical, ahora en un país construido alrededor de la escuela pública. El sistema de escuelas públicas de Argentina ha sido durante mucho tiempo más que un servicio. Es una historia nacional sobre la movilidad ascendente, la ciudadanía y un Estado laico que enseña un plan de estudios compartido.
El gobierno de Javier Milei ahora está tratando de reescribir esa historia con un proyecto de ley de “Libertad Educativa” que reemplazaría la ley de educación de 2006 y trasladaría la autoridad de los ministerios a las familias.
El texto define a la familia como el educador primario y presenta al Estado como “subsidiario”, un garante que no debe desplazar la responsabilidad personal o la iniciativa privada.
Las escuelas, públicas y privadas, recibirían una mayor autonomía para diseñar planes de estudio siempre que cumplan con un contenido nacional mínimo. El cambio principal es que la escuela ya no sería la única opción predeterminada.
Por qué el proyecto de ley de educación de Milei se está convirtiendo en un caso de prueba de la guerra cultural global. (Foto reproducción de Internet) El proyecto de ley autoriza explícitamente la educación en el hogar y la educación a distancia más amplia. Los estudiantes que reciben enseñanza en casa o en línea aún necesitarían validar el aprendizaje a través de evaluaciones estandarizadas vinculadas al plan de estudios mínimo.
El cambio más profundo es financiero. El borrador promueve herramientas del lado de la demanda (vales, bonificaciones, becas y créditos fiscales) para que las familias elijan las instituciones y el apoyo público siga al estudiante.
Combinada con una publicación más sencilla de los resultados de las evaluaciones de todo el sistema, esa estructura probablemente crearía una jerarquía visible de escuelas que compiten por la matrícula, la reputación y los recursos.
Los sindicatos y muchos académicos de la educación sostienen que el modelo ampliará la desigualdad y debilitará el papel integrador del sistema público.
También se oponen a etiquetar la educación como “servicio esencial”, lo que ven como un mecanismo de reducción de huelgas, y advierten sobre la eliminación del objetivo actual de gasto en educación del 6% del PIB.
Lo que está en juego es enorme: Argentina tiene más de 11 millones de estudiantes, y aproximadamente tres cuartas partes están en escuelas públicas.
Si Milei tiene éxito, Argentina se convierte en un caso de prueba de alto perfil para una fórmula política portátil: empoderar a los padres, recompensar el desempeño escolar, limitar la interrupción laboral y convertir al Estado de proveedor a árbitro. Por eso el debate está siendo observado mucho más allá de Buenos Aires.