El Gobierno ha nombrado al nuevo jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), de la Guardia Civil. El dato es administrativo; el contexto político; y la consecuencia, inevitablemente cívica. No todos los nombramientos son iguales, ni se producen en el mismo clima.
Este llega cuando la UCO, en el centro de la marejada política y mediática, está investigando al partido que gobierna mientras personas del entorno inmediato del presidente figuran formalmente imputadas.
A estas alturas —ascensos, sustituciones, movimientos internos—, hay quien diría, con expresión popular, que no le gusta cómo cazar la perrita. No por el nombre propio elegido, sino por el momento. Los mal pensados sospechan que el relevo no obedece tanto a premiar al jefe saliente como a esperar que el entrante resulte más maleable.
Esa sospecha puede ser injusta, pero no es caprichosa: nace de los antecedentes y de una cultura de nombramientos que ha erosionado la confianza.
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La paradoja es evidente: el Ejecutivo designa al máximo responsable de la policía judicial que, por mandato constitucional, actúa al servicio de jueces y fiscales, incluso cuando esa actuación incomoda al propio Gobierno. Es legal, sí, pero democráticamente delicado y exige una prudencia institucional reforzada.
No hay aquí una sola paradoja, sino varias superpuestas. La democrática e institucional, una decisión legal que erosiona la confianza pública; la temporal, un relevo formalmente neutro producido en el peor momento posible; y la personal, un mando con trayectoria intachable obligado a cargar con una sospecha que no nace de sus actos, sino del contexto.
A esa paradoja se añade un dato que no es menor: procede de una familia estrechamente ligada al Instituto Armado —nieto, hijo y hermano de guardias civiles—. Ni siquiera ese legado le ahorra una sombra que no ha generado él, sino el momento político que lo envuelve.
En ese escenario, la vigilancia cívica no es deslealtad ni desconfianza patológica, sino una actitud sana. Cuando las instituciones atraviesan zonas de fricción, la atención pública actúa como contrapeso democrático. No para interferir, sino para recordar que la independencia no solo debe ejercerse, sino también parecerlo.
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La UCO no es una unidad más. Su prestigio no procede de discursos ni de comunicados, sino de décadas de investigaciones complejas que han afectado a gobiernos y diversos poderes. Ese crédito social —escaso en tiempos de descrédito general— se ha reforzado precisamente ahora. Por eso el relevo no podía pasar inadvertido ni producirse sin suspicacias, máximo cuando siguen latentes precedentes inquietantes que la institución no ha olvidado.
El momento elegido tampoco es neutro en términos operativos. La UCO se encuentra en una fase de máxima actividad, con investigaciones sensibles abiertas y bajo presión constante. En ese contexto, cualquier paso en falso —real o percibido— puede tener consecuencias procesales y reputacionales difíciles de revertir.
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El nuevo jefe llega con una trayectoria larga e intacta. Nada en su historial autoriza sospechas personales. Pero lo que le perjudica no es quién es, sino qué representa: el relevo de un mando riguroso y firme que ha dejado el listón muy alto. Todo lo que no huela a continuidad se interpreta hoy como anomalía.
No debe olvidarse un principio básico: la presunción de integridad. Merece un voto de confianza que no excluye ni la prudencia ni la memoria. Concederlo no es ingenio, sino respeto por la institución. La duda razonable no debe convertirse en condena anticipada.
Pero tampoco procede mirar hacia otro lado. La UCO y la UDEF actúan como policía judicial y, funcionalmente, solo están sujetas al juez o magistrado instructor, no al Gobierno. Que un Ejecutivo investigado conserve la potestad de nombrar al jefe de la unidad que lo investiga es una anomalía grave, aunque esté amparada por la ley. El problema no es la legalidad; es la ejemplaridad.
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La historia de la UCO demuestra una independencia sostenida por profesionales que saben a quién deben obediencia. Mientras no haya hechos, toca vigilar, no condenar.
En el país de la vieja del visillo —donde se acostumbra a observar y juzgar desde la distancia— hoy no se cuestiona al jefe elegido, sino a quien le elegido. La palabra de quien nombra está falta de crédito y sus propios hechos lo delatan. Por eso quizás sea mejor que el designado no hable. Que no tranquilice con gestos ni declaraciones. Los hechos hablarán por él —o no— y dirán la verdad.
Porque si algo necesita hoy la democracia española no es una policía obediente, sino una policía judicial creíble.
Y esa credibilidad —conviene recordarlo— no se decreta. Se demuestra.
Artículo publicado en el diario La Nueva España