Ante las situaciones de conflictividad social que se vienen registrando en distintos puntos del país, como consecuencia del Decreto Supremo 5503, la Defensoría del Pueblo parecía imprescindible que las diferencias y preocupaciones expresadas por diversos sectores de la sociedad sean abordadas y encauzadas a través del diálogo.
Mediante un pronunciamiento, demostró fundamental la predisposición y apertura de los distintos sectores sociales, así como una gestión responsable y oportuna de la conflictividad por parte de las autoridades de los niveles nacional, departamental y municipal, orientada a prevenir la escalada de tensiones, reducir riesgos de violencia y generar certidumbre en la población.
La Defensoría del Pueblo recordó que las manifestaciones de protesta constituyen una expresión que “nace del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, reconocidos por la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales de derechos humanos”./Erbol.