Luego del operativo conjunto entre unidades de Contrainteligencia Militar, la Policía y la Fiscalía, realizado el pasado 16 de diciembre, que dejó la captura de siete militares, fueron judicializados por estar presuntamente vinculados a la apropiación de recursos destinados a la alimentación de soldados en un batallón de Norte de Santander.
Los judicializados son el teniente coronel Nelson Cuta Silva; los mayores Camilo Andrés Bonilla Bernal y Jefferson Alexander Silva Ruiz; el capitán Fermín Esteban Salinas Rodríguez; y los sargentos Jonathan Andrés Rojas Díaz, Leonardo Ciro López y Luis Edilson Torres Villa. Los uniformados, que cumplían labores administrativas en la unidad militar, son designados de gestionar, tramitar y apropiarse ilegalmente de 200 millones de pesos destinados a la alimentación y bienestar de los soldados.
Militares judicializados. Foto:Fiscalia
Las detenciones se realizaron de manera simultánea en Popayán, Cauca; Ocaña, Norte de Santander; Pasto, Nariño; Tolemaida, Cundinamarca, y en el Fuerte Militar de Larandia, Caquetá, en cumplimiento de órdenes emitidas por la Fiscalía dentro del proceso judicial que se adelanta contra los uniformados.
La información que tienen las autoridades es que estarían implicados en cinco eventos delictivos, en los que habrían generado y autorizadas órdenes falsas de abastecimiento de víveres secos y frescos, las cuales permitieron la asignación y ejecución de partidas presupuestales.
“Para dar apariencia de legalidad a la entrega de la totalidad de las raciones, presuntamente usaron formatos que incluían los nombres de soldados que gozaban de permisos, vacaciones o turnos de descanso, o participaban en operaciones y estaban fuera de las instalaciones. Estos documentos fueron consignados en los sistemas misionales de la entidad sin firmas o constancia de recibido por parte de los comandantes de las patrullas o pelotones que debían certificar el suministro”, señaló desde la Fiscalía.
Son señalados de apropiarse de recursos destinados a la alimentación de soldados. Foto:Alexis Munera
Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander imputó a los uniformados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Ninguno aceptó los cargos.
Seis de los procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de domicilio, mientras que el capitán Salinas Rodríguez continuará vinculado a la investigación.
MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ DUARTE
Redacción Nación