Durante el verano argentino se está haciendo un intento por convertir en realidad un anhelo de larga data de las grandes multinacionales mineras.
El Gobierno nacional presentó este lunes un proyecto de ley que modifica la Ley N° 26.639, comúnmente conocida como Ley Nacional de Protección de Glaciares, que ya ingresó al Senado buscando su aprobación en las sesiones extraordinarias de este verano. La iniciativa apunta a desmantelar el régimen minimalista que hoy protege los glaciares y el perímetro periglacial, es decir, las reservas estratégicas de agua más importantes de Argentina.
Como se anticipaba y ha sido la regla general desde que asumió este gobierno, la reforma representa un gravísimo e inaceptable retroceso en la protección del agua. Se produce en un contexto de crisis climática, retroceso acelerado de los glaciares y estrés hídrico creciente a nivel nacional.
El proyecto de ley del gobierno introduce cambios estructurales que alterarían completamente la letra y el espíritu de la ley actual. En primer lugar, todos los glaciares podrían quedar destruidos. ¿Por qué podría pasar eso? Porque la reforma elimina la protección automática que hoy establece la ley vigente, reemplazándola por un sistema discrecional. Mediante una simple declaración de una autoridad provincial, un glaciar puede quedar fuera de la protección legal y despejarse para actividades extractivas.
En segundo lugar, el proyecto de ley elimina la prohibición expresa de realizar minería en perímetros periglaciales. La Ley de Glaciares actualmente vigente reconoce que los terrenos glaciarios y periglaciares forman un sistema único, indispensable para la regulación del agua. Quitar la protección del entorno periglaciar implica, a todos los efectos, permitir la destrucción del glaciar.
El perímetro periglacial no sólo contiene glaciares que no vemos a simple vista (glaciares de roca), sino también suelos helados o permafrost, que son reguladores hídricos y cuya importancia es crucial en tiempos de cambio climático y estrés hídrico. Intervenir en estas zonas donde hay agua congelada, ya sea en la superficie o en el fondo, supondría perder hielo que nunca más podría recuperarse, alterando los procesos que sostienen el volumen de las cuencas. Por eso la ley actual prohíbe actividades allí: el daño sería irreversible. Más allá de estas zonas, la Ley 26.639 no es el instrumento para regular qué actividades se pueden realizar ni cómo.
Un total de 12 provincias argentinas tienen glaciares dentro de su territorio: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Según el Inventario Nacional de Glaciares publicado en 2018 por IANIGLIA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), los 5.769 kilómetros cuadrados de glaciares andinos incluidos en el inventario (es decir, excluyendo las islas Georgias del Sur y Sandwich) representan el 0,21 por ciento del territorio continental total de Argentina. A ello hay que sumar la enorme superficie del perímetro periglaciar que corresponde a la definición de la Ley, y que incluye no sólo las morrenas de los glaciares sino también el permafrost (suelo helado).
La ambición de las grandes mineras es no permitir ningún tipo de límite a sus voraces actividades, buscando alcanzar los minerales debajo de estas geoformas sin importarles las consecuencias devastadoras e irreversibles para la población y los ecosistemas.
La ley de protección de glaciares aprobada en 2010 tiene como objetivo proteger las cuencas hídricas, que presentan una unidad ecológica y funcional entre provincias y por lo tanto no pertenecen a ninguna jurisdicción provincial. Por lo tanto, invocar el “federalismo” es un error que podría resultar muy costoso. Las aguas nacen en una provincia, atraviesan su territorio y continúan su curso por una o más provincias, irrigando campos, regando ciudades y abasteciendo a distintas poblaciones. A través de las cuencas entre provincias, corresponde al Estado nación garantizar su unidad, ya que cualquier acción o determinación jurídica en materia de gestión del agua afecta a todo el territorio de las distintas provincias por las que discurren.
Se pretende así obtener el mejor instrumento para el uso eficiente y sostenible de un recurso escaso y vulnerable, garantizando la solidaridad entre las distintas provincias dentro del concepto de territorio nacional. Esto significa que las provincias no pueden disponer de los recursos hídricos entre jurisdicciones de forma exclusiva y discrecional ya que las cuencas hídricas desbordan competencias provinciales exclusivas y por tanto corresponden a toda la nación y al pueblo argentino.
En 2025, Año Internacional de la Preservación de los Glaciares, el gobierno nacional busca modificar la Ley Nacional de Glaciares, autorizando a cada provincia a realizar nuevas modificaciones a su gusto, siguiendo las directivas del lobby minero. Busca socavar el marco legal vigente, apelando a un falso federalismo, para ampliar la zona de explotación minera.
Modificar la Ley de Glaciares en este sentido es ambientalmente riesgoso, además de ilegal. El proyecto viola el principio de irreversibilidad ambiental, reconocido por la Constitución Nacional y por el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), que prohíbe cualquier disminución en los niveles de protección ya alcanzados. En lugar de reforzar la protección del agua ante la crisis climática, el gobierno busca debilitar el único límite claro al avance de la megaminería en las cabeceras de los ríos.
Una vez que un glaciar ha sido destruido, no hay posibilidad de recuperarlo: su destrucción es para siempre. Más que nunca, necesitamos apelar a un principio básico que va más allá del voto y la identidad política: proteger los glaciares y el perímetro periglacial es proteger el agua, las cuencas y el futuro de toda la nación; de hecho, proteger la vida misma.
Hacemos un llamado a la ciudadanía, las organizaciones sociales, las comunidades, la prensa y los representantes legislativos para defender la Ley de Glaciares tal como está sin modificaciones y evitar cualquier retroceso en la protección de las reservas hídricas estratégicas de la Argentina.
por Maristella Svampa y Enrique Viale